ALICANTE. La polémica por el proceso de venta de una parcela de propiedad municipal destinada a la promoción de VPO en Playa de San Juan queda finalmente en manos de los juzgados a instancias del recurso contencioso-administrativo presentado frente a la anulación de esa primera licitación, acordada el pasado diciembre. Así lo ha desvelado el edil de Hacienda y Patrimonio, Carlos Castillo, en respuesta a una pregunta formulada por el grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el pleno ordinario de febrero, este jueves, sobre los planes del equipo de Gobierno para retomar esa venta, después de que la convocatoria pública aprobada en junio de 2018 quedase paralizada y anulada. Dicha decisión se adoptó al concluirse que el pliego incluía una cláusula de desempate inadecuada, en la que se primaba el criterio de anticipación en el registro de las ofertas. 

Castillo ha detallado que la intención del PP a su llegada al poder era desatascar los proyectos iniciados en el Ayuntamiento, entre ellos, el expediente de venta de dicha parcela, abordado por el anterior equipo de Gobierno (primero, durante la etapa del tripartito, y después, durante el mandato del PSOE en solitario) con el propósito de poner en valor un activo que permanecía inmovilizado. Así, ha apuntado que el precio de tasación estaba reglado (6,6 millones, IVA incluido) y que solo había que tomar la decisión de convocar el proceso. 

Sin embargo, ha reconocido que en la cláusula de desempate que figuraba en el pliego de condiciones se daba pie a que pudiese interpretarse que podía producirse un supuesto "trato de favor", por lo que, tras el registro de hasta tres recursos de reposición contra la licitación, se encargó un informe jurídico en el que se concluyó que lo recomendable era eliminar dicha cláusula de desempate.

En esta línea, el regidor ha apuntado que la anulación del proceso ha motivado la presentación de un recurso contencioso administrativo contra esa decisión. En su intervención, no ha precisado quién era el promotor de ese recurso, aunque todo parece indicar que podría tratarse de alguna de las cinco empresas que habían presentado sus plicas en esa primera convocatoria. En cualquier caso, Castillo ha asegurado que no se va a tomar ninguna decisión sobre la nueva convocatoria de un proceso de venta sobre dicha parcela hasta que haya un pronunciamiento judicial sobre ese contencioso. Máxime, según ha insistido, porque "tampoco existe ninguna urgencia que motive la convocatoria de un nuevo concurso".