SANTA POLA. El 26 de octubre, Alicante Plaza publicó que la causa de la clínica Gran Alacant de Santa Pola, una de las varias investigaciones que llevó a cabo la Uded entre 2015 y 2016, ya tiene fecha para celebrar su juicio oral. Será en enero de 2024. Se juzgará al ex alcalde de Santa Pola, el popular Miguel Zaragoza; a la ex concejala y ex diputada Loreto Cascales; a la hermana del ex alcalde, Pilar Zaragoza y a su pareja, y también concejal Jorge Perelló, entre otros, por alquilar una dependencia municipal en la urbanización de Gran Alacant a un clínica, que debía llevar el seguimiento de las bajas laborales del personal del ayuntamiento, pero que finalmente acabó siendo un lugar donde se enchufaron a varios militantes del PP y además, se le perdonó el alquiler a los responsables del centro médico.
Alicante Plaza ha tenido acceso al auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado; es decir, que lleva el caso a juicio oral. El auto narra los detalles del contrato administrativo de concesión y arrendamiento de bienes firmado el 3 de marzo de 2006 entre el Ayuntamiento de Santa Pola y la mercantil Clínica Gran Alacant S.L y sus supuestos incumplimientos.
De acuerdo con el relato judicial, el contrato era una especie de iguala; es decir, la clínica debía pagar una canon anual de 10.920 euros, que sería compensado, mediante la correspondiente liquidación anual, relativa a los expedientes de seguimiento de expedientes del personal, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas, con la prestación del servicio médico de seguimiento de bajas por incapacidad temporal (I.T) para funcionarios integrados en el Ayuntamiento de Santa Pola. Ese servicio tenía un coste 10.920 eurosm así que en función de la tramitación de las bajas de los funcionarias se fijaba una cantidad, a liquidar a final de año.
Los gestores de la clínica se comprometieron, además, a asumir la cantidad de 10.842,52 euros por la reforma y adecuación del edificio y a pagar, además, la cantidad de 10.533,12 euros como contraprestación del arrendamiento de 20 metros cuadrados, a que asciende el presupuesto de demolición de la escalera y construcción de forjado.
Y por último, la clínica debía poner a disposición del Consultorio Médico de la Seguridad Social con sede en Gran Alacant, un Auxiliar Administrativo, para realizar las tareas de información y servicio de cita previa, en idéntico horario al del funcionamiento del centro.
De acuedo con estas premisas, la juez llega a la conclusión que durante los 10 años que duró el contrato, "se hizo patente no solo un incumplimiento burdo y notorio de las tres primeras obligaciones citadas, sino una evidente desidia por parte de la Corporación Municipal de velar por dicho cumplimiento y exigir las prestaciones impuestas al concesionario, que suponían un detrimento patrimonial para el caudal público al permitirse el uso y disfrute de bienes municipales sin el pago o cumplimiento claro y escrupuloso de la debida contraprestación económica, ya fuera en metálico o en especie". Los incumplimientos que se detallan son los siguientes:
