La ley reguladora de las Bases de Régimen Local exige que aquellos municipios de gran población (más de 250.000 habitantes) y los que sean capitales de provincia cuya población sea superior a 175.000 habitantes, dispongan de un órgano económico-administrativo destinado a resolver las controversias entre particulares y Ayuntamiento respecto de los actos de gestión, recaudación e inspección. Dicha norma entró en vigor en 2004 y concedía un plazo de seis meses para su creación. Sin embargo, transcurridos más de trece años, la ciudad de Alicante con una población según el INE de 329.988 habitantes todavía no ha cumplido con dicho mandato legal.

Dicho incumplimiento ya ha tenido su primera consecuencia en forma de sentencia. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante se ha pronunciado y evidencia el incumplimiento por parte de dicha corporación durante todos estos años al no haber creado el órgano económico-administrativo previsto en la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local.

Considera la sentencia que la razón de ser de estos órganos es, entre otras, servir como filtro para depurar las disfunciones de los Ayuntamientos en su actuación, disponiendo de un órgano independiente para resolver las reclamaciones en una materia tan específica y técnica como es la tributaria. Se trata de un órgano colegiado, técnico y especializado; independiente de los demás órganos administrativos encargados de aplicar los tributos.