ALICANTE. La implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) ha vuelto a centrar parte del debate político en el pleno ordinario del Ayuntamiento de Alicante a colación de otra pregunta formulada por el grupo municipal de Vox, al ser uno de los asuntos en los que sigue centrando su labor de fiscalización al equipo de gobierno, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs). En concreto, el portavoz del partido de Santiago Abascal, Mario Ortolá, ha cuestionado al equipo de gobierno sobre el desarrollo de la conferencia "anunciada en plenos anteriores para dar a conocer el funcionamiento de esa ZBE que tienen guardada en un cajón". Y no ha obtenido respuestas más precisas más allá de las manifestaciones ya formuladas al respecto en otras sesiones precedentes, en uno de los pocos lances del desarrollo del pleno en el que las tres fuerzas del eje del centro-derecha (PP, Cs y Vox) no han mantenido una posición unitaria.
De nuevo, el edil de Medio Ambiente, Manuel Villar (PP), ha sostenido que ese sistema de control y monitorización del tráfico para minimizar emisiones contaminantes a la atmósfera "debe implantarse porque es una obligación legal" y ha vuelto a explicar que, en el margen de discrecionalidad existente, "no se va a aplicar sanciones ni se va a obligar a los ciudadanos a que se compren vehículos eléctricos para poder circular" a través de los dos anillos en los que se prevé habilitar con su implantación. En todo caso, ha señalado que la ZBE "va a suponer una modernización" de varios espacios y ejes centrales de la ciudad y ha añadido que su puesta en marcha sigue en fase de planificación, por lo que no quedará activada hasta después de que se celebren las próximas elecciones municipales.
Al tiempo, ha expresado su deseo de que "en el próximo mandato, Vox pueda llegar a gobernar en algún municipio y se vea obligado a explicar a la ciudadanía por qué se van a ver obligados a implantar esas ZBE y a aplicarlas después de haber estado engañando y creando temor al respecto".
Sin embargo, esas explicaciones no han colmado las expectativas de Ortolá que -después de apuntar que no se había contestado cuándo se iba a celebrar esa conferencia- ha vuelto a plantear una segunda cuestión in voce en la que ha emplazado a Villar "si antes de elecciones van a decir la verdad" respecto a las condiciones que conllevará esa ZBE. Al respecto, Barcala ha hecho uso de la palabra para zanjar el debate al respecto para señalar que "nosotros siempre decimos la verdad".
En el transcurso de la sesión, el edil de Seguridad, José Ramón González, también ha respondido a una pregunta formulada por el edil del PSOE, Raúl Ruiz, sobre la vigencia de la sanción impuesta a una activista de la plataforma Salvem las Melias para señalar que dicha activista ya había anticipado el pago de la multa sin presentar alegaciones. El edil de Medio Ambiente, Villar, ha contestado a una pregunta formulada en el pleno anterior por el portavoz de Unides Podem EU, Xavier López, respecto a las reivindicaciones salariales de los trabajadores de la UTE concesionaria del servicio de limpieza para señalar que "el ayuntamiento no puede intervenir" en las negociaciones entre empresas y sus trabajadores porque "eso sería comunismo".
Al tiempo, el edil de Recursos Humanos, José Ramón González, ha respondido a otra pregunta formulada por el edil socialista, Manuel Martínez, respecto a las sentencias pendientes de cumplimiento que fallan a favor de opositores que concurrieron a las pruebas de selección de la Policía Local, para señalar que "se ha pedido una aclaración a los juzgados" para saber "a qué tenemos que atenernos" en la medida en que existirían resoluciones contradictorias.
Acto seguido, ha sido el mismo alcalde, Luis Barcala, quien ha respondido a otra pregunta formulada por el portavoz de Unides Podem EU sobre los resultados de la última encuesta de la OCU que vuelve a situar a Alicante como segunda ciudad más sucia del país para señalar que "habría que revisar la validez de esa encuesta" en la medida en que "según la ficha técnica, se pregunta solo a asociados de la OCU, más de 6.000 en toda España", lo que implicaría que "en Alicante se haya cuestionado a entre 40 y 60 personas". Además, ha señalado que "habría que evaluar por qué a unas encuestas como la de la OCU sí que se le dan validez y no a otras como la de OSUR" en la que se reflejaría una mejora en la satisfacción del servicio.
También ha cuestionado al respecto el edil de Compromís y candidato a la Alcaldía, Rafa Mas, quien ha incidido a la falta de decisiones en los últimos cinco años que mejoren la calidad del servicio "mientras se ha seguido engordando el beneficio de la UTE" concesionaria. Así, ha preguntado si se prevé auditar a la empresa "ante el incumplimiento de los pliegos y ante las peticiones de revisión del IPC que plantean los trabajadores". En esta ocasión, ha sido Villar quien ha respondido para señalar que "no se puede retirar la fianza puesto que el contrato no se ha acabado", en referencia a una de las cuestiones incluidas en la pregunta de Mas. Y también se ha referido a la encuesta de la OCU, para sostener que "la mejor encuesta es cuando vas a los barrios y te dicen que está mucho mejor". "Cuando ustedes se regodean y salivan al ver estas noticias, yo no sé cómo viene tanto turista, porque si fuese verdad lo que ustedes dicen, no vendrían tantos", ha concluido.
El primer edil también ha respondido a otra pregunta formulada por López respecto al pago de tasas en supuestos de intervención de los bomberos en situaciones de emergencia que presenten riesgo vital de las personas, después de que se anunciase la modificación de la ordenanza fiscal reguladora al respecto. Barcala ha señalado que "en la mayoría de los casos, esas tasas quedan cubiertas por las compañías aseguradoras por las pólizas contratadas en los hogares" por lo que ha apuntado que "la modificación se está perfilando todavía". "Es una cuestión técnica y no es una redacción tan simple como lo que podíamos pensar", ha explicado.
