ALICANTE. Alicante consigue aprobar, finalmente, la actualización de la ordenanza de protección acústica, conocida como la ordenanza del ruido, en el último pleno ordinario del mandato, gracias al respaldo del equipo de gobierno (Partido Popular y Ciudadanos) y PSOE. El grupo municipal de Vox se ha abstenido junto a Compromís, mientras que Unides Podem EU ha votado en contra. El ajuste de la normativa municipal llega 32 años después de que se aprobase la versión que permanecía vigente hasta ahora (validada en 1991), ya que la revisión que se intentó en 2019 no llegó a pasar más allá del trámite del visto bueno de la Junta de Gobierno, tras años de protestas y reivindicaciones de los residentes de entornos en los que existe una especial concentración de locales de ocio y restauración como el Centro Tradicional y el Casco Antiguo.
Eso sí, a partir de ahora tampoco tiene el terreno despejado para que pueda ser de aplicación, ya que los empresarios del sector del ocio y la hostelería ya han advertido -incluso en el desarrollo de la misma sesión plenaria- de la presentación de alegaciones, primero, y del inicio de acciones legales en los juzgados si el texto se aprueba en su redacción actual, según ha anticipado el presidente de la Asociación de Locales de Restauración y Ocio (Alroa), Javier Galdeano. En esta línea, ha lamentado que no se haya adoptado medidas previas que, a su juicio, resultan necesarias, como la existencia de un mapa del ruido o el incremento de la presencia policial, sin que se criminalice al sector de la hostelería, sobre el que ha augurado que se trata de imponer una persecución, según ha argumentado en su exposición previa al debate de la propuesta.
El edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Ciudadanos), ha incidido en que la ordenanza actual no resulta operativa en la medida en que se aprobó en 1991 y ha quedado desactualizada y ha explicado que, con su modificación, se pretende regular "la compatibilidad de cualquier actividad con el descanso de los vecinos". "Se ha tratado identificar todas las fuentes de ruido posibles, ver qué herramientas se pueden utilizar y aplicar las soluciones que cabe adoptar con la imposición de posibles sanciones", ha resumido.
El portavoz de Vox, Mario Ortolá, se ha posicionado junto a los representantes de Alroa para señalar que no se ha concretado con carácter previo otras medidas necesarias como el incremento de la presencia policial que evite concentraciones de personas en la calle o la aplicación de la ordenanza de convivencia cívica. Así, ha alertado de posibles perjuicios sobre el sector de la hostelería después de varios años de restricciones con motivo de la pandemia de la covid-19. En esta línea, ha considerado que la ordenanza es necesaria aunque ha considerado que "atenta contra los hosteleros y autónomos". Por ello, ha reclamado un incremento de la presencia de la Policía a partir del mes de mayo. "¿Alguien piensa que a los hosteleros les interesa atraer a clientes o turistas descontrolados?", se ha cuestionado, por lo que ha insistido en señalar la existencia de "una persecución".
El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha lamentado el retraso en la puesta en marcha de la actualización de la ordenanza y, aunque ha entendido las quejas del sector de la hostelería, también ha considerado que se trata de una regulación necesaria para propiciar el descanso vecinal. De igual modo, ha incidido en que, a su juicio, es una regulación "insuficiente" en la medida en que no se habría atendido sus enmiendas para introducir una mayor participación ciudadana. En todo caso, ha confirmado que "no bloquearemos la aprobación de esta ordenanza" al interpretarla como un avance mínimo, pese a que todavía se deba afrontar un debate "más amplio como es el modelo de Casco Antiguo y de Centro Tradicional que queremos".
El portavoz de Unides Podem EU, Xavier López, ha señalado que la ordenanza va más allá de regular la convivencia y el derecho al descanso. "Nadie culpa a la hostelería de los males de la ciudad; el problema es de modelo de ciudad y de no tener estrategia turística ni saber qué queremos para el Centro Tradicional y el Casco Histórico", ha expuesto. "Al final, no es un problema de enfrentar al vecindario con los hosteleros, es un problema de la administración local, que se ha despreocupado y ha dejado hacer", ha apuntado. Así, ha recalcado que "al menos se ha avanzado tímidamente algo" con esta propuesta "que se guardó cuatro años en el cajón en 2019". No obstante, ha señalado que su grupo votaría en contra.
