ALICANTE. Llega la hora de las conclusiones en la comisión de fiscalización sobre la contrata de limpieza viaria de residuos y recogida de la basura, a partir de las propuestas formuladas por las seis formaciones políticas con representación en el Ayuntamiento de Alicante. En principio, como ya sucedió con las conclusiones de la comisión sobre la contrata de limpieza de colegios y dependencias municipales, no parece que vaya a existir un entendimiento fácil a la hora de consensuar ese dictamen final, a tenor de las apreciaciones formuladas por el equipo de gobierno y por los grupos de la oposición. A grandes rasgos, cada formación ha mantenido el guión esperable en la defensa de sus respectivas responsabilidades. 

En primer término, el bipartito compuesto por PP y Cs atribuye los problemas existentes en la prestación al ajuste de costes que se tuvo que aplicar durante su licitación, en el año 2013 (como consecuencia de las limitaciones que conllevó la implantación de un Plan de Ajuste forzado por el Ministerio de Hacienda), y presume de haber reforzado el control sobre el cumplimiento del contrato, tras la desidia y la adopción de decisiones erróneas que atribuye a los partidos del extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) entre 2015 y 2018. 

En esta línea, PP y Cs consideran que en esos tres años, se trató de poner el foco en la posibilidad de resolver el contrato, en lugar de mejorar su aplicación. Así, apuntan que se recortó el importe del servicio y se redujeron prestaciones, que no se invirtió en renovar maquinaria en los años previstos por contrato y, además, la que se incorporó, se sometió a una sobreexplotación que limitó su operatividad. A juicio de PP y Cs, todas esas decisiones constituyen "errores" que tuvieron repercusión en los años siguientes.

Sin embargo, según PP y Cs, ese rumbo comenzó a rectificarse en 2018, con la llegada del PP a la Alcaldía. Un año después, en 2019, se consiguió la incorporación de cuatro inspectores municipales adicionales hasta disponer de doce. Y, además, según su propuesta de conclusiones, se exigió a la contratista -la UTE compuesta por FCC, Ferrovial, Inusa y Cívica- instrumentos previstos en el contrato para mejorar el seguimiento municipal sobre la prestación, como las claves para acceder al sistema de geolocalización o al sistema de pesaje de residuos, entre otros puntos.

El bipartito defiende que las decisiones adoptadas bajo el mandato del extinto tripartito fueron erróneas e incidieron en el futuro de la prestación

Además, PP y Cs subrayan que, a partir de septiembre de 2018, se inició el proceso para la redacción del nuevo Plan Local de Residuos y el Proyecto de Gestión del Plan Zonal de Alicante que resulta necesario para volver a licitar el servicio, tras su vencimiento, el próximo mes de septiembre. Y no escatiman en detallar otras iniciativas encaminadas a mejorar la prestación, como la instalación de más contenedores para el reciclaje de plástico, se logró la adscripción de policías al servicio para aplicar sanciones por comportamientos incívicos, y se llevó a cabo una tercera modificación del contrato (con el consiguiente incremento de costes) para incorporar prestaciones no previstas y se aplicaron sanciones y minoraciones en los pagos a la UTE tras la detección de incumplimientos.

De igual modo, PP y Cs sostienen que entre 2015 y 2018 también se fracasó en la implantación de la recogida selectiva de residuos orgánicos, para la que el bipartito sostiene tener ya un proyecto perfilado (a la espera de que se pueda decidir sobre la concesión de una prórroga temporal del contrato), y recalca que, en ese trienio, tampoco se hizo nada por disponer de una auditoría económica sobre la prestación, que el bipartito sí ha promovido. Por último, consideran que los objetivos con los que se constituyó la comisión se han cumplido y que se ha proporcionado la información solicitada por los grupos de la oposición para que pudiesen realizar su trabajo de fiscalización.

En definitiva, en ese análisis, PP y Cs sostienen que la prestación del servicio ha mejorado a lo largo del último año y medio, sin dar cabida a un atisbo de autocrítica. Eso sí, ya se encargan los grupos de la oposición de señalar las deficiencias que, a su juicio, se pueden seguir observando en el control del contrato.

De hecho, los cuatro grupos opositores ofrecen una perspectiva completamente diferente en sus respectivas propuestas de conclusiones, sin llegar a abordar un juicio crítico sobre la gestión del contrato llevada a cabo bajo el mandato del tripartito (salvo en el caso de Vox). Entre ellos, el PSOE sostiene que los objetivos de la comisión no se han cumplido por el retraso en su constitución y por lo que califican de bloqueo en la entrega de documentación y falta de transparencia. Además, considera que el contrato resulta ineficaz; que no se dispone de los 20 inspectores que según los técnicos resultarían necesarios; que no existe evaluación del servicio durante los fines de semana; que se ha superado el índice de absentismo de la plantilla como se había advertido durante la valoración de la oferta de la UTE que finalmente resultó adjudicataria; o que no se cumplen las medidas de control previstas en el contrato.

De igual modo, el PSOE subraya que la imposición de sanciones ha sido mínima por un deficiente control; que el contrato elude cualquier posibilidad de riesgo y ventura para la adjudicataria, como se habría visto con la aprobación del tercer modificado del contrato; que las inversiones incorporadas en ese modificado resultan cuestionables en el último año de concesión; que no se han cumplido los objetivos de recuperación del Plan Integral de Residuos y que no se ha previsto ninguna solución para ello cuando, según subraya, en la comisión se habría constatado que al vertedero de la planta de tratamiento le podrían quedar solo dos años de vida útil.