ALICANTE. Fumata blanca para el catálogo de protecciones de edificios de Alicante tras más de cinco años de trámites. El pleno del Ayuntamiento ha aprobado de manera provisional este miércoles el nuevo documento urbanístico promovido por el equipo de Gobierno, el bipartito compuesto por PP y Cs, tres años después de que los votos de ambas formaciones (junto a los de los dos ediles no adscritos) tumbase la propuesta previa formulada por PSOE, Guanyar y Compromís, en mayo de 2017.

En esta ocasión, la propuesta ha prosperado por una amplia mayoría absoluta de 23 votos, que deberían haber sido 25 sin las ausencias del popular Carlos Mazón y del socialista Miguel Millana (ambos diputados provinciales). Así, el acuerdo ha quedado refrendado por el PP (8 ediles), Cs (5), PSOE (8) y Compromís (2). Los dos ediles de Unides Podem han mostrado su disconformidad respecto al documento con su abstención (después de haber votado en contra en la comisión de Urbanismo previa), mientras que los dos representantes de Vox se han posicionado en contra. Los votos de Mazón y Millana, por su parte, han quedado contabilizados como abstenciones.

Los detalles de la propuesta ya son conocidos: el nuevo documento toma como punto de partida la propuesta elaborada en 2017, a la que se ha incorporado cerca de 90 fichas nuevas tras la aplicación de novedades normativas (como la incorporación de todas las iglesias con el reconocimiento de BRL); el refuerzo en la protección de algunos inmuebles como el cine Ideal; la retirada de algunas fichas tras la comprobación de que quedaban afectadas por peticiones de licencias previas; la permisividad de que se puedan ejecutar sobreelevaciones sobre edificios protegidos sometidos a determinados criterios y siempre que el proyecto supere la evaluación de la comisión estética; y la rebaja de los entornos de protección de las Torres de la Huerta para no dejar fuera de ordenación edificios preexistentes. Así, la ordenación de ese sector queda supeditada a la elaboración de un futuro Plan Especial que debería comenzar a tramitarse en un plazo de tres meses.

El concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Cs), ha defendido la propuesta para asegurar que el conjunto de los grupos representados en la corporación tenía la responsabilidad de aprobar un catálogo "sin pensar en colores políticos" y ha sostenido que, después de un largo trabajo, "se ha conseguido un catálogo justo" que favorezca la protección del patrimonio sin perjudicar a los propietarios. En esta línea, ha concretado que se dispone de 741 fichas, tras la incorporación de cerca de 90 nuevas, y que se trata de garantizar la conservación de los inmuebles que, según los técnicos, merecen ser protegidos por su carácter histórico y cultural o por su valor arquitectónico sin un exceso de celo porque, en su opinión, de lo contrario lo que se consigue es que bloquear la posible rehabilitación de los inmuebles. "Tener un edificio protegido no queremos que se vea como tener un problema, sino un incentivo", ha apuntado. Así, ha concretado que se han habilitado ayudas para actuaciones en edificios protegidos, además de rebajas fiscales para favorecer la protección del patrimonio.

Pérez ha apuntado que se trata de un documento vivo que se pretende ir ampliando en el futuro. Así, ha señalado que "nos hubiera gustado incorporar nuevas fichas" y se ha comprometido a trabajar en esa dirección. También ha destacado la protección de elementos paisajísticos. "En definitiva, es un catálogo fruto del trabajo de los técnicos y de las directrices políticas para favorecer la conservación del patrimonio", ha apuntado. Además, ha agradecido el trabajo de los técnicos municipales y la colaboración y el respaldo de los grupos políticos municipales de la oposición que han formulado aportaciones y "que, con su implicación, han posibilitado que podamos sacar este documento hacia adelante".

El portavoz de Vox, Mario Ortolá,  ha reconocido que "no es una mala propuesta", pero ha incidido en que Vox aportó dos alegaciones puntuales que han sido rechazadas. "Se han aumentado las fichas de protección pero en algunos casos la sobreprotección sí es un problema y algunas zonas de la ciudad se van a ver afectadas". Ortolá se ha referido al edificio del número 49 de la Avenida de Elche, objeto de una de sus alegaciones, que queda protegido. A su juicio, su protección impide el desarrollo del Plan Parcial de la Fábrica de Sacos lo que impide que se acondicione el acceso sur a la ciudad, como piden los vecinos de la zona. "La conservación de ese edificio supone la condena de muerte a ese Plan Parcial", ha enfatizado. 

De igual modo, Ortolá se ha referido a la protección de una nave en la estación de ferrocarril de Renfe "que impide el desarrollo de la zona". "Es absurdo mantener esas naves si de lo que se trata es propiciar el desarrollo comercial y turístico de la ciudad, puesto que se trata de un emplazamiento que sirve de puerta de entrada a la ciudad en el momento en el que se desarrolle la estación intermodal", ha apuntado. "Desde Vox vemos estas dos protecciones innecesarias y evidencian el intento del bipartito por tratar de ser más papistas que el Papa y darse golpes en el pecho para poder decir que son más proteccionistas que Pavón", el exconcejal de Urbanismo por Guanyar durante el pasado mandato.

El bipartito destaca la negociación para lograr el consenso y señala los "reparos de legalidad" de la propuesta de 2017 para justificar su rechazo

Su homólogo de Compromís, Natxo Bellido, ha sostenido que el catálogo llega tarde puesto que "debió haberse aprobado hace tres años". "Alicante no habría perdido parte de su patrimonio si los partidos de la derecha no hubiesen utilizado el catálogo para desgastar al equipo de Gobierno", ha apuntado. "Hoy no pagarán todas sus deudas con el patrimonio alicantino; el señor alcalde votó en contra y nosotros podríamos tratar hoy de devolvérsela pero no es ese el estilo de Compromís porque en política no todos somos iguales", ha señalado. Así, ha reconocido el trabajo de los técnicos y de los representantes municipales que han participado en la elaboración del documento, entre los que ha destacado la labor del arquitecto Manolo Beltrán y el exconcejal Miguel Ángel Pavón. 

Igualmente, ha destacado que se ha conseguido reforzar la protección de un edificio emblemático como el del antiguo cine Ideal, tras aplicar las determinaciones del Plan Especial del Centro después de que la Conselleria de Cultura lo declarase Bien de Relevancia Local (BRL). Aunque ha insistido en que ese paso no es definitivo, ha recalcado que sí avanza en el camino de su conservación. En todo caso, ha señalado que "este es el último minuto para aprobar el catálogo para conseguir que prospere el trabajo realizado durante todos estos años", ya que, de lo contrario, se produciría la caducidad del documento de alcance (el paso previo en su tramitación administrativa). "Hemos sido muy benevolentes con la premura y la locura en la tramitación de estos últimos días", ha insistido. 

Con todo, ha recordado que el voto de Compromís supone que se deben cumplir los acuerdos firmados con el concejal de Urbanismo para que se inicie la redacción del Plan Especial de las Torres de la Huerta en un plazo máximo de tres meses. También ha conminado a ampliar el número de fichas a preservar en las futuras negociaciones. Así, ha conminado al alcalde, Luis Barcala, a secundar ese acuerdo "pese a que no lo hemos firmado con usted". 

Por Unides Podem, la edil Vanessa Romero ha insistido en que la posición de su grupo es la de preservar el patrimonio de la ciudad y, tras lamentar que el edil de Urbanismo no haya explicitado el reconocimiento a la alegación formulada por EU y Unides Podem que ha permitido elevar el grado de protección del Ideal (de parcial a integral), ha recordado que, hace solo seis años, ya se vivió la pérdida de algunos elementos culturales esenciales como el silo de San Blas o el tinglado ferroviario pese a los compromisos adquiridos por la entonces alcaldesa, Sonia Castedo (PP). De igual modo, también ha advertido del riesgo de que "los de siempre hayan tratado de tirar el trabajo realizado durante todos estos años a través de sus alegaciones en las que pedían la nulidad de todo el proceso", en alusión a las objeciones presentadas por las empresas del promotor Enrique Ortiz.