ALICANTE (AP/EP). Primera visita institucional del vicepresidente primero del Consell, Vicente Barrera (Vox), a la ciudad de Alicante desde su toma de posesión, el pasado mes de junio (aunque sí había había participado con anterioridad en actos no vinculados a sus responsabilidades). Y primera polémica por el contenido de sus manifestaciones. El también conseller de Cultura ha mantenido este martes una reunión de trabajo con varios representantes de las asociaciones de vecinos de los barrios de la Zona Norte -de la que finalmente se ha ausentado la consellera de Justicia, Elisa Núñez, por problemas de agenda- con el fin de escuchar sus necesidades ante los problemas de los que adolecen y se ha comprometido a poner en marcha inversiones para darles solución, así como a implementar las medidas que estén al alcance de la Generalitat que permitan atajar la situación de inseguridad y la ocupación ilegal de viviendas, que ha vinculado de forma directa a la inmigración irregular.
En todo caso, no ha llegado a detallar en qué consistirían esas medidas como posibles soluciones, ni qué inversiones concretas podrían abordarse a corto o medio plazo, al margen de señalar que la prioridad sería "tirar" al actual gobierno estatal compuesto por PSOE y Sumar en tanto que gran parte de las competencias sobre la regulación del sector de la vivienda no están en manos de las comunidades autónomas, sino que corresponden al Estado.
"Hemos venido a abordar temas importantes, porque entendemos que no existe libertad sin seguridad, y hemos venido a enterarnos de la situación en cuanto a seguridad, del grave problema que estos barrios sufren en cuanto a la inmigración ilegal, en cuanto a la ocupación de viviendas, y otros muchos más problemas", ha señalado. "Hemos venido a intentar abordar estos problemas de inmigración ilegal y de ocupación de viviendas que padecen estos barrios". Al respecto, ha señalado que "por supuesto" que la inseguridad está relacionada con la inmigración ilegal y por la ocupación. "No solo principalmente, pero es uno de los factores decisivos: los okupas son gente que está ocupando ilegalmente una vivienda que le es ajena, y la propiedad privada debe ser sagrada en este país", ha enfatizado.
Lo cierto es que Barrera no ha llegado a facilitar datos concretos sobre la realidad de la okupación ilegal en el conjunto de la Comunitat, ni en el caso concreto de la ciudad de Alicante, aunque sí ha apuntado que "aquí me han hablado de que podríamos estar por encima del 50% de las viviendas, que a mí me parece una barbaridad; no sé si esto es real, y no tengo ahora mismo datos sobre la situación de la Comunitat, pero nuestra política y nuestra intención es la de aplicar tolerancia cero ante la okupación ilegal", ha asegurado.
"Pensamos que la ocupación ilegal debe ser combatida; y por supuesto, la inmigración ilegal; y lo que ocurre es que ahora no solo no se combate, sino que con los impuestos de todos nosotros, desde el Gobierno central se alimenta, se fomenta, con la inestimable ayuda de empresas o de asociaciones de tráfico humano que se aprovechan de las desgracias de seres humanos", ha insistido. Así, ha llegado a apuntar que durante el mes de enero, se habría producido la llegada de más de 8.000 personas al país de forma irregular, lo que supone "una cifra seis veces mayor que en enero del año pasado". "Este problema hay que abordarlo de forma definitivamente y que puedan haber inmigrantes, pero de forma regular y controlada", ha apuntado.
Respecto a las soluciones, ha señalado que la solución al problema de la inmigración irregular y de la okupación "es bien compleja porque no depende de las comunidades autónomas, depende del Gobierno; por lo que la primera solución es tirar al Gobierno que tenemos, que es parte del problema". No obstante, al apuntar a las posibles medidas que podría implementar la Generalitat, únicamente ha señalado que se había comprometido ante los vecinos a acometer algunas inversiones que no ha llegado a concretar.
