ALICANTE. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, opta por la prudencia y no define abiertamente cuál puede ser la posición del Consell respecto a la tramitación de la licencia solicitada por la empresa XC Business 90 para instalar una planta de almacenaje de combustible en la terminal de mercancías del Puerto de Alicante que llegaría a contar con hasta 20 depósitos con el desarrollo de tres fases distintas.

Tras participar en el acto de clausura de la Quinta Conferencia Mundial de Sindicatos Médicos, celebrada en Alicante (en la primera ocasión en la que el encuentro tiene lugar en España), el jefe del ejecutivo valenciano (que, entre otros puntos, ha anunciado un plan de incentivos para retener a médicos en la Comunitat), se ha limitado a señalar que desconocía los detalles del proceso en el que se encontraba la autorización de ese proyecto y ha tirado de manual para señalar que "se cumplirá la legalidad vigente", al ser cuestionado sobre cuál es la posición del nuevo Consell compuesto por PP y Vox respecto a esa iniciativa empresarial. 

"No conozco el informe y no conozco si hay petición o no", ha señalado, en alusión a los dos dictámenes evacuados por el Servicio de Evaluación Ambiental y por la Abogacía de la Generalitat entre finales de 2020 y mayo de 2021, en los que se exime al proyecto de quedar sujeto al trámite de evaluación de impacto, ya que la solicitud de licencia se registró en 2013, antes de la entrada en vigor de la Ley 21/2013 que establece la obligatoriedad de la superación de ese trámite. 

"No tengo conocimiento técnico sobre una competencia que no me atañe", ha añadido, en la medida en que la responsabilidad de la resolución sobre la solicitud de licencia de obra reside en la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, a pesar de que, fuentes consultadas, sostienen que la Conselleria de Justicia e Interior sí debe pronunciarse sobre el plan de seguridad y emergencias elaborado por la compañía promotora de la planta.