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Los grupos parlamentarios ya tienen la propuesta que busca salvar Gemelos 28 de Benidorm

Un despacho de abogados quiere tramitar una modificación de la Ley de Costas para evitar el derribo de las dos torres de Punta Llisera

  • De blanco, las dos torres de Punta Llisera, conocidas como Gemelos 28, en Benidorm.
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BENIDORM. La Secretaría General del Congreso de los Diputados ha dado traslado a los grupos parlamentarios de la cámara la propuesta que se realizó el pasado mes de febrero desde el despacho de abogados Soriano i Piqueras para que se tramite una modificación de la Ley de Costas que permita evitar el derribo del edificio Gemelos 28 de Benidorm. Dicha propuesta la suscribió en nombre de la firma de abogados el consultor de negocio inmobiliario y asuntos públicos Enrique Enguix, que afirmó que estaba motivada en "el grave riesgo ambiental que entraña esa actuación". 

La firma legal dirigida por Víctor Soriano defiende en el procedimiento que se extiende ya más de una década y del que conoce el TSJ valenciano a unos inversores extranjeros copropietarios del rascacielos residencial de Benidorm cuya continuidad está en duda por una sentencia del Tribunal Supremo. No obstante, dado que el edificio se construyó con licencia, sería la Generalitat valenciana quien debería sufragar el derribo y también la indemnización a los propietarios. 

 

"No tiene sentido acometer un derribo con un alto coste económico para las arcas públicas y un gran riesgo ambiental para luego reconstruir el edificio unos metros más atrás", afirma Enrique Enguix. El consultor pide así a los grupos parlamentarios que acojan la propuesta por "un uso eficiente de los recursos públicos y el interés público".

 

El despacho especializado en derecho administrativo e inmobiliario solicitó que se incorpore una nueva disposición transitoria a la Ley de Costas que permita que el edificio se mantenga fuera de ordenación durante toda su vida útil en casos anteriores al año 2013 en que fueran construidos en suelo urbano con licencia que posteriormente fuera anulada judicialmente. Como contrapartida, para beneficiarse de ese régimen, el abogado propone que los propietarios deban renunciar a todo tipo de indemnización. 

 

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