BENIDORM. Después de muchas reclamaciones y concentraciones de los trabajadores de la Residencia y Centro de Día de Benidorm, la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad ha sacado a licitación el contrato para la gestión integral para los próximos tres años una vez se adjudique. La concesión lleva desde verano de 2023 caducada y la plantilla llevaba años pidiendo un cambio que permitiera mejorar sus condiciones y equiparar sus sueldos a los de Sanidad.

La licitación se lanzó este miércoles, destinando para el centro de Benidorm un presupuesto de 12.463.874,21 euros, incluyendo el IVA del 4% que está estipulado para estos casos. El plazo para presentar ofertas terminará el próximo 16 de enero, y se espera que el cambio de gestión se pueda culminar en verano. 

Las instalaciones de Benidorm cuentan con 20 plazas para atención diurna y otras 100 residenciales. Para ello, han calculado una plantilla de 74,55 empleados, de los cuales, 47,8 son de atención directa con los usuarios. Así, para el Centro de Día contemplan 6,95 en total, mientras que para la Residencia son 67,6. Todo ello sabiendo que los números enteros se refieren a la jornada completa en función del convenio colectivo en vigor.

Precisamente, los números de la plantilla son los que han llamado la atención a los trabajadores. La presidenta del comité de empresa, Macu Valls, explicó a Plaza que en una primera impresión sobre el pliego consideran que no cubren todas las exigencias de personal que tienen hoy en día por contar cada vez con usuarios con más necesidades. Así, señala que han recortado en enfermeros, mientras que el número de auxiliares de servicio se estanca y el incremento de auxiliares de enfermería consideran que es insuficiente: "Seguimos casi con el mismo personal", apostilló. No obstante, celebraron que sí que se incluya esta vez el puesto de terapeuta ocupacional del que carecen ahora.

A su vez, la adjudicación de la nueva empresa llevará aparejada la equiparación de sueldos con los de Sanidad que, a modo de ejemplo, una enfermera o un auxiliar de enfermería de titularidad pública y gestión privada cobraría el mismo sueldo que las empleadas y empleados públicos de la Conselleria de Servicios Sociales. Una reivindicación por la que luchan desde hace años, cuando se les prometió que se les concedería este derecho. No obstante, ya advierten en materia salarial que el convenio colectivo registraba la última subida en las nóminas en 2025. 

Como viene contando de largo este diario, desde la Conselleria que dirige Susana Camarero apuntan a que los problemas los arrastran desde el anterior gobierno autonómico del Botànic. De esta forma, defienden que el PP encontró una deuda de 215 millones de euros por enriquecimientos injustos que han ido pagando en este tiempo, se ha actualizado el IPC en un 8,8% (en las concertadas), ya que se había congelado desde 2022 y se ha firmado el mencionado convenio.