ALTEA. El Ayuntamiento de Altea respira un poco más tranquilo. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha anulado la sentencia de primera instancia que condenaba al Consistorio a pagar más de diez millones de euros a la empresa Aguas Potables de Bernia S.L. (Apobersa). La administración local mantenía un largo conflicto con la mercantil después de que la concesionaria recurriera la retirada del servicio de agua en las urbanizaciones Altea Hills y Mascarat.

La concejal de Infraestructuras y Ciclo Hídrico, Aurora Serrat, ha informado de este nuevo fallo judicial este lunes a través de un comunicado. En él, ha recordado que fue en 2020 cuando el Ayuntamiento aprobó por pleno asumir directamente la gestión del agua en estas zonas, "ante las continuas quejas vecinales por cortes, falta de potabilidad y una red en estado crítico". El expediente de recuperación del servicio de agua potable en estas zonas se remonta a 2014 y ya en 2019 constatan que el rendimiento de la red era del 40% aproximadamente, por lo que el 60% restante se perdía, según las cifras que trasladaron en aquel momento.

Y así insiste ahora Serrat, que ha destacado que "las tuberías presentaban graves pérdidas y la inversión por parte de la empresa era inexistente. El Ayuntamiento, obligado a reaccionar ante esta situación insostenible, optó por rescindir la relación con APOBERSA, una empresa heredera de los antiguos derechos de suministro del promotor Puerto Deportivo Luis Campomanes S.A., y hacerse cargo del servicio". Ante dicha circunstancia, la concesionaria, representada por el empresario Luis Campomanes (menciona la edil), reclamó la cantidad de diez millones de euros por supuestos derechos e infraestructuras. Y al principio le dieron la razón. De este modo, el Juzgado de lo Contencioso de Alicante estimó la demanda condenando al ayuntamiento a esta cuantía millonaria. 

No obstante, el TSJCV ahora ha revocado al sentencia "avalando la actuación del Ayuntamiento y considerando que no existe ningún derecho a indemnización, más allá del valor residual de unos contadores por importe de 15.000 euros", ha informado la concejal.

Desde entonces, el Ayuntamiento asumió la gestión directa de este servicio con "unas instalaciones muy deterioradas". Y como se recordará, han aprobado unas obras de emergencia por valor de más de 3,5 millones de euros para poder garantizar el suministro. "Inversiones que, paradójicamente, han sido impugnadas por la propia Apobersa y algunos vecinos de Altea Hills", ha remarcado.

Conocido el fallo, Serrat ha afirmado que "pese a la oposición, el equipo de Gobierno continuará trabajando por restablecer unos servicios básicos dignos en las urbanizaciones de iniciativa privada, no solo en Altea Hills y Mascarat, sino también en otras zonas de la Sierra". A su vez, ha concluido señalando que "el conflicto, que ha durado años, pone sobre la mesa una realidad cada vez más habitual: el papel de las administraciones públicas como garantes de servicios esenciales allí donde las concesionarias privadas no cumplen con sus responsabilidades".