BENIDORM. Nuevo intento del Ayuntamiento de Benidorm por retirar de la urbanización del sector PAU 1 'Murtal' a Prometosa Construcciones SL. El Consistorio va a mandar por segunda vez al Consell Jurídic Consultiu la decisión después de que la promotora se haya opuesto a resolver el contrato con la administración local y la retirada de la condición de agente urbanizador que data de 2006.

La mercantil es la responsable de la urbanización de este sector que cuenta con una superficie total de 931.815,30 metros cuadrados. En ella se preveía la construcción de unas 3.000 viviendas. Está llamada a ser la próxima zona de expansión en la Cala, después de que TM Grupo Inmobiliario haya desarrollado casi por completo toda la bolsa de suelo que compró hace siete años en PP 2/1 Poniente.

Como se decía, no es la primera vez que el Ayuntamiento trata de sacar de este suelo a Prometosa. En el primer intento alegó incumplimientos de la mercantil de Francisco Gómez, alias El Paloma. También solicitó dictamen al Consultiu después de que iniciaran los trámites y la empresa se opusiera. Pero el resultado no era el que esperaba la administración local, ya que la entidad valenciana consideró que no procedía resolver el convenio. En su resolución manifestaban que no había quedado acreditada la voluntad deliberada del urbanizador de no dar cumplimiento al requerimiento del Ayuntamiento para presentar el proyecto, y por tanto, "no cabe dar lugar a la resolución el contrato por esta causa". Por ello se optó por caducar el procedimiento en agosto de 2025.

Pero hay un segundo intento. El Consistorio reinició los trámites para resolver el convenio, encontrándose de nuevo con la oposición de Prometosa. La argumentación del Ayuntamiento se apoya en un informe técnico final de diciembre de 2025 firmado conjuntamente por la jefatura de Ingeniería y la arquitecta municipal. Este concluye que "a partir de los datos de la prueba pericial practicada a instancia del urbanizador", la resolución del TSJ "justifica que la alteración económica derivada de la sentencia es de 8.050.662 €, lo que representa un 34,34% respecto al total de las cargas y costes del programa (23.445.487,89 €)". De este modo, consideran que "supone una alteración económica significativa y, por tanto, concurre causa objetiva para la resolución del contrato", tal y como adelantó este diario.

A eso se añade el informe jurídico del letrado externo que concluye que "puede entenderse adecuadamente sustentado el fundamento de la imposibilidad objetiva" para continuar la relación contractual. 

Es por esto que se iniciaron de nuevo los trámites para resolver el convenio urbanístico "al haber variado las condiciones del programa por una decisión pública". Al mismo tiempo, retenían la garantía presentada en su día, que ascendía a 1.641.184,15 euros, motivo por el cual también es notificada de la decisión la entidad avalista Banco Santander. Sin embargo, durante el plazo de información a los interesados, recibieron la oposición de la empresa y alegaciones de la entidad bancaria, que ambas fueron rechazadas por el los informes municipales en el pasado mes de febrero. A su vez, fueron informadas y tomadas en consideración las presentadas por Andra Patrimonio, Pueblo Nuevo y otros interesados. Hay que tener en cuenta que esta primera mantiene que es la urbanizadora de este sector al defender que adquirió en un contrato privado estos derechos.

Como consecuencia, la concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles, confirmó a este diario que volverán a llevar este asunto al Consultiu después de encontrarse con la oposición de la empresa.