BENIDORM. Las viviendas de uso turístico (VUT) se han convertido en objeto de debate en los últimos años. Benidorm ha bebido de los alquileres vacacionales desde que inició su andadura en el sector, lo que le ha servido para convertirse en la ciudad que es hoy en día, paradigma del turismo nacional. Debido al auge de estos alojamientos aislados en edificios residenciales, muchos son los municipios que han optado por repensar el modelo y suspender el otorgamiento de licencias hasta poner negro sobre blanco los criterios para su ordenación. No es el caso de Benidorm, que lo que sí que ha hecho ha sido asumir las competencias de la inspección y sanción a aquellos que no cumplen. Una tarea asignada hace más de un mes y por la que el Consistorio estudia denuncias que afectan a 31 viviendas dedicadas a esta actividad.

Fue a mediados de julio cuando el Ayuntamiento de Benidorm puso en marcha su propio equipo encargado de la labor inspectora una vez Turisme de la Generalitat Valenciana transfirió las competencias al municipio. Una plantilla formada por cinco personas: dos agentes y un oficial de la Policía Local, el instructor de los expedientes sancionadores y el Jefe de Inspección Municipal.

De este modo, Benidorm asumía de manera directa estos expedientes con poder sancionador contra los propietarios que comercialicen sus viviendas sin acatar la normativa actual. Asimismo, lo recacudado por estas infracciones terminarán en las arcas municipales, y no en las de la Generalitat, como ocurría cuando lo propuso el anterior gobierno autonómico del Botànic y cuya invitación declinaron en su día, según explicó el ejecutivo local cuando anunciaron esta medida.

Después de un mes desde su puesta en marcha, desde el Consistorio explican que en la actualidad están ultimando un protocolo de actuación que abarca desde la inspección hasta la tramitación y resolución de los expedientes. Una vez aprobado, podrán iniciar las primeras inspecciones que esperan para la próxima semana que da inicio al mes de septiembre.

Así, fuentes municipales señalan que desde que se constituyó el grupo, han mantenido diferentes reuniones para perfilar el protocolo a seguir, "tanto desde el punto de vista técnico como operativo para que sea lo más eficaz y eficiente", indican. Por un lado, hubo una reunión en Alicante con técnicos de la Dirección Territorial y General de la Conselleria con el objetivo de conocer la forma de trabajar de la Generalitat y adecuarla a Benidorm. Por otro lado, han realizado una inspección con el Cuerpo Nacional de Policía para establecer el procedimiento, ya que este cuerpo se encargaba de reforzar a la Policía Autonómica en materia de inspección de viviendas cuando la competencia la tenía todavía la Generalitat.  

Como se decía, en la actualidad el Ayuntamiento analiza 16 denuncias que afectan a 31 viviendas, tal y como trasladan estas mismas fuentes. Seis de ellas fueron presentadas en su momento ante la Dirección Territorial, y las ha traspasado al Ayuntamiento; y las otras diez se han presentado por registro ya ante el Consistorio. Hay que tener en cuenta que las denuncias se canalizan a través de tres vías, que son la Policía Local, la Conselleria de Turismo y con una instancia en el Registro General del Ayuntamiento, tal y como informó la edil de Urbanismo y portavoz del gobierno local, Lourdes Caselles.

Criterios para una actividad legal y sanciones

Para poder operar con arreglo a la legalidad, el alojamiento tiene que disponer de la licencia turística de la Comunitat. Algo que no ha cambiado desde la aprobación del Decreto Ley 9/2024, de 2 de agosto, de la Generalitat Valenciana, que modifica la normativa reguladora de las viviendas de uso turístico. Pero sí que ha introducido importantes novedades en el sistema y la redifinición de vivienda de uso turístico, ya que desde entonces solo las que se alquilan por menos de 11 días entran dentro de este concepto y requieren su identificación.

Pero, ¿qué hace falta para acceder a este permiso? Para ser reconocida como vivienda de uso turístico necesita un informe municipal de compatibilidad urbanística favorable y una referencia catastral única e individualizada que deberá constar en el contrato de alquiler. Además, para poder registrar la vivienda se necesita un certificado que acredite que la comunidad de propietarios no impide usar las viviendas del edificio para usos alternativos al residencial, como es el turístico. Otro de los cambios que trajo el decreto es la caducidad de las licencias, la inscripción se debe renovar a los cinco años y no se hereda, es decir, una vez se vende el inmueble registrado, la nueva propiedad pierde la licencia y la tiene que volver a tramitar.

Ahora el Ayuntamiento tendrá la oportunidad de sancionar a las viviendas que incumplan con la normativa. El mencionado decreto de la Generalitat contempla infracciones graves y muy graves con multas de hasta 600.000 euros. Así, se considera una infracción muy grave el alquiler por habitaciones o la sobreventa de plazas, mientras que es una infracción grave no informar de la ubicación exacta de la vivienda y del número de registro en toda la publicidad, no comunicar reglamentariamente el cambio de titular o no facilitar los datos del titular de la actividad.