BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm ya tiene en funcionamiento su propio equipo para inspeccionar y sancionar a aquellas viviendas de uso turístico (VUT) que no cumplan con la normativa actual. Después de que el Consistorio solicitara estas competencias a la Generalitat Valenciana, esta semana la administración local ha aprobado el personal que ya se hace cargo de esta labor inspectora al sector. Un tipo de alojamiento que no ha parado de crecer en la ciudad turística, en 2019 constaban 3.569 y en 2024 llegaron a las 4.748, según un informe de Visit Benidorm.

En concreto, la plantilla está formada por cinco personas. Así lo recoge la resolución del alcalde de Benidorm, Toni Pérez, a la que ha tenido acceso Plaza y que se ha trasladado este miércoles a la Dirección General de Turismo. Un documento en el que se indican cuáles son los efectivos para hacer frente a esta problemática. Se trata de dos agentes y un oficial de la Policía Local, el instructor de los expedientes sancionadores y el Jefe de Inspección Municipal. Como ya avanzara el Consistorio cuando optó por solicitar las competencias, el objetivo era que la actividad se controlara con funcionarios en activo, sin tener que acudir a contrataciones extra, aunque sí que se llegó a relacionar con la convocatoria de 20 nuevas plazas en la Policía Local.

La edil de Urbanismo y portavoz del gobierno local, Lourdes Caselles, ha explicado que las denuncias se canalizan a través de tres vías, que son la Policía Local, la Conselleria de Turismo y con una instancia en el Registro General del Ayuntamiento.

De este modo, Benidorm asume de manera directa estos expedientes con poder sancionador contra los propietarios que comercialicen sus viviendas sin acatar la normativa actual. Asimismo, lo recacudado por estas infracciones terminarán en las arcas municipales, y no en las de la Generalitat, como ocurría cuando lo propuso el anterior gobierno autonómico del Botànic y cuya invitación declinaron en su día, según explicó en su día el ejecutivo local.

Fue en el pleno de marzo de 2025 cuando el Ayuntamiento aprobó solicitar la delegación de competencias a la Generalitat. Se llegó a formalizar el 16 de mayo, según confirman desde la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo. Justo dos meses después, el Ayuntamiento ya ha puesto en marcha su propio equipo de inspección. Además de la elaboración de estos expedientes, el Consistorio tendrá que realizar una memoria trimestral de las denuncias que se presenten, de los procedimientos que se incoen, de la resolución de los mismos y si es o no sancionadora, y de las sanciones interpuestas que se ingresen en las arcas municipales.

Normativa actual

En los últimos meses, la Conselleria está inmersa en un proceso para depurar el registro de viviendas de uso turístico y así tener una radiografía actual de los alojamientos reglados existentes, eliminando todos aquellos que no disponen de la documentación necesaria para estar activos con los requisitos por los que se rigen a día de hoy. Como consecuencia, ya han tramitado la baja de unas 12.000 viviendas destinadas al uso turístico en la Comunitat Valenciana, y han iniciado el procedimiento para otras 7.000 más en la última semana. 

Para poder operar con arreglo a la legalidad, el alojamiento tiene que disponer de la licencia turística de la Comunitat. Algo que no ha cambiado desde la aprobación del Decreto Ley 9/2024, de 2 de agosto, de la Generalitat Valenciana, que modifica la normativa reguladora de las viviendas de uso turístico. Pero sí que ha introducido importantes novedades en el sistema y la redifinición de vivienda de uso turístico, ya que desde entonces solo las que se alquilan por menos de 11 días entran dentro de este concepto y requieren su identificación.

Pero, ¿qué hace falta para acceder a este permiso? Para ser reconocida como vivienda de uso turístico necesita un informe municipal de compatibilidad urbanística favorable y una referencia catastral única e individualizada que deberá constar en el contrato de alquiler. Además, para poder registrar la vivienda se necesita un certificado que acredite que la comunidad de propietarios no impide usar las viviendas del edificio para usos alternativos al residencial, como es el turístico. Otro de los cambios que trajo el decreto es la caducidad de las licencias, la inscripción se debe renovar a los cinco años y no se hereda, es decir, una vez se vende el inmueble registrado, la nueva propiedad pierde la licencia y la tiene que volver a tramitar.

Sanciones

Como se decía, ahora el Ayuntamiento tendrá la oportunidad de sancionar a las viviendas que incumplan con la normativa. El mencionado decreto de la Generalitat contempla infracciones graves y muy graves con multas de hasta 600.000 euros. Así, se considera una infracción muy grave el alquiler por habitaciones o la sobreventa de plazas, mientras que es una infracción grave no informar de la ubicación exacta de la vivienda y del número de registro en toda la publicidad, no comunicar reglamentariamente el cambio de titular o no facilitar los datos del titular de la actividad.