BENIDORM. El pleno del Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado solicitar la adhesión al convenio marco suscrito por la Conselleria de Turismo y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) que delega a la ciudad la competencia para sancionar a las viviendas de uso turístico. Ha salido adelante con el voto del PP, que tiene mayoría absoluta, y de Vox, mientras que el PSOE se ha abstenido manifestando las deficiencias que encontraban en esta iniciativa. La localidad perseguirá las prácticas ilegales en esta actividad con el cuerpo de inspectores que ya existe en el Consistorio.

Así lo explicó la portavoz del gobierno local, Lourdes Caselles, quien defendió la moción afirmando que aunque con el gobierno del Botànic ya se daba la opción de solicitar estas competencias, la modificación aprobada en 2024 por Decreto Ley 9/2024, de 2 de agosto, incluía una diferencia significativa: ahora las cuantías de las sanciones se quedan en las arcas municipales y no en las de la Generalitat Valenciana. Este es el aspecto crucial para que el ejecutivo de Toni Pérez haya optado ahora por requerir estas competencias en la incoación, instrucción y resolución de expedientes sancionadores por la comisión de infracciones leves, graves y muy graves en materia de viviendas de uso turístico ubicadas en su ámbito territorial, así como la revisión administrativa de los actos administrativos que se deriven.

De este modo, la popular recordó que fue el 6 de septiembre cuando se dirigieron a la conselleria, que en este momento tenía a Nuria Montes como responsable, para manifestarles su intención de asumir estas competencias. El 18 de octubre les dijeron que se estaba trabajando con la Federación y se terminó suscribiendo el convenio el 13 de diciembre, entre la administración autonómica y la entidad, tal y como relató Caselles. Así, Benidorm estaba pendiente de aprobar su adhesión de manera formal por el pleno. La edil aseguró que el Ayuntamiento había mantenido reuniones con los técnicos de conselleria para facilitarles todo lo necesario para que la delegación sea efectiva. Entre las obligaciones del municipio está la entrega de una memoria trimestral de las denuncias, los procedimientos que se incoen y la resolución de los mismos, si son sancionadores o no, y de las sanciones interpuestas que se ingresen en las arcas municipales.

Desde el Grupo Municipal Socialista, el portavoz adjunto, Sergi Castillo, remarcó la necesidad de que estas labores de inspección las ejecute un plan autonómico, insistiendo en actuar en las plataformas de internet donde se ofertan, dijo, la mayoría de las viviendas de uso turístico ilegales. Así, consideró que esta medida era una "dejación de funciones" de la Generalitat, asegurando que era para "endosar este trabajo sancionador a los ayuntamientos" y acusando al PP de ser "fiel a las órdenes del partido, no pensando en los intereses de la población".

En este punto, remarcó que el convenio no aportaba ninguna partida económica ni recursos para llevarlo a cabo. Así, expuso los dos requisitos del documento al que se iban a adherir. Por un lado, la petición formal del pleno, y por otro, la preexistencia de agentes de la Policía Local. Además, recoge que "no podrá suponer obligaciones económicas a la Generalitat". Castillo reiteró que tendrían que garantizar la suficiencia de medios, por lo que mencionó que tendrían que dejar sobre la mesa el punto, trayendo a colación las peticiones del Sindicado Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) donde semanas atrás habían pedido al Consistorio dotar de más efectivos para no sobrecargar de trabajo a la plantilla con las nuevas tareas. A su vez, el socialista alertó que estas competencias aumentarán el trabajo burocrático y administrativo a los funcionarios locales, sabiendo que hay resoluciones en el Síndic de Greuges a favor de vecinos que se quejan por el tiempo de espera para las resoluciones de expedientes.

En su discurso, el portavoz adjunto relacionó esta actividad con el problema de acceso a la vivienda en la ciudad y reclamó la elaboración de una ordenanza municipal para regular las viviendas de uso turístico, remarcando la proliferación de estos alojamientos en los bajos de edificios.

Por su partel, el concejal de Vox, José Miguel San Martín, votó a favor de la adhesión a este convenio: "Creemos que es imprescindible ordenar desde el punto de vista legal y laboral las viviendas de uso turístico, y cuántas operan en la economía sumergida". Todo ello, dijo, para localizar a los ilegales, dar seguridad a los inquilinos y no demonizar al sector.

Ante las peticiones del PSOE, Caselles informó que será el cuerpo de inspectores que ya existe en el Ayuntamiento el que se encargue de hacer estas tareas después de que la Generalitat les haya dado el visto bueno a sus consultas. Así, la popular afirmó que en el anterior gobierno autonómico no se hicieran inspecciones en Benidorm y avanzó que el Consistorio ya está trabajando desde el departamento de Arquitectura sobre una ordenanza de viviendas turísticas. "Somos conscientes de que es necesario regular para no demonizar a las viviendas de uso turístico, sino todo lo contrario, dar seguridad y afianzar este tipo de alojamiento turístico porque es lo que queremos, que todos cumplan con la normativa", expresó durante su segunda intervención sobre este punto. De igual modo, informó que este año se procederá a la convocatoria de 20 plazas de agentes de la Policía Local que estaban incluidas en la oferta de empleo público de 2024.

Finalmente, el PSOE urgió a modificar o aprobar un nuevo Plan General donde se incluirían dos aspectos. En primer lugar, un plan de ordenación y usos turísticos que delimitaría zonas y ámbitos turísticos de protección, los recursos turísticos para establecer la densidad poblacional máxima y las plazas de alojamiento total, fijar el tamaño y características, establecer los parámetros mínimos y máximos de superficie, volumetría, edificabilidad y equipamiento. Y en segundo lugar, el plan de intervención de ámbitos turísticos para delimitar las zonas turísticas saturadas o maduras de acuerdo con los criterios legalmente establecidos así como las excepciones que por su ubicación o características especiales así lo aconsejen. Dos `planes, dijo Castillo, que contempla la ley de turismo aprobada por el Botànic.

Con todo, Caselles aseguró que el Plan General vigente está "vivo" con suelos aún por desarrollar y afeó al PSOE que hablaran de vivienda cuando el gobierno autonómico anterior no creó vivienda protegida en los ocho años que estuvo en el poder.