ALICANTE. Nueva vuelta de tuerca en el conflicto del ruido. Cerca de dos años después de que el Juzgado de lo Contencioso número 4 fallase a favor de los vecinos del Centro Tradicional y conminase al Ayuntamiento a acordar la declaración de Zona Acústica Saturada (ZAS) para el cuadrante situado en torno a la calle Castaños, la propia asociación de residentes ha decidido acudir a la Fiscalía para denunciar el incumplimiento de esa sentencia por parte del equipo de gobierno.
No solo eso. En su escrito de denuncia, registrado este miércoles, los residentes van un paso más allá al asegurar que, lejos de aplicar limitaciones a la proliferación del ruido, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) ha promovido que se amplifiquen las molestias al conceder más autorizaciones para situar veladores en la vía pública. En concreto, en el escrito subrayan que, como consecuencia de la pandemia del coronavirus, "el Ayuntamiento ha dado permiso para la ampliación de las terrazas de los bares y restaurantes del centro tradicional de Alicante, permitiendo invadir ya no solo los laterales de las calles, sino prácticamente la totalidad de las calles peatonales, y las que no son peatonales se han llenado de terrazas incluso en sus calzadas (zonas de aparcamiento)".
La denuncia añade que "la mayoría" de esas terrazas "sobrepasan las fachadas de los propios bares", lo que iría en contra de la ordenanza de ocupación de vía pública, "dejando un espacio muy reducido para el tránsito de peatones". Por si fuera poco, el escrito incide en que "de manera inexplicable, durante la pandemia se han incrementado el número de concesiones de licencias de locales de copas y de restauración, aunque en realidad, respecto de estos últimos, la venta de bebidas es su actividad principal". Así, los residentes subrayan que "la gran concentración de personas que generan todas estas nuevas terrazas, añadidas a las que ya existían, están ocasionando una contaminación acústica insoportable para los vecinos, la cual les impide el descanso y una adecuada convivencia familiar en sus viviendas, ya que se crea un alto grado de ansiedad y malestar en los convivientes".
La denuncia abunda en que los hechos objeto de su queja "han sido denunciados reiteradamente al Ayuntamiento de Alicante tanto en la persona de su alcalde Luis Barcala Sierra, como al concejal de Ocupación de la Vía Pública, Manolo Jiménez Ortiz, y al concejal de Medio Ambiente, Manuel Villar Sola, sin que hasta la fecha se haya realizado ni una sola medida correctora".
A esa relación de circunstancias, agregan también que "con estas grandes concentraciones de personas en terrazas y en los laterales de las mismas, se produce una alta inseguridad". Y a todo ello, añaden "la gran cantidad de residuos que se genera, que originan olor y atraen animales a las puerta de los vecinos, sin poder olvidar a las personas que no tienen ningún civismo y miccionan en los portales".
Acto seguido, la asociación expone a la Fiscalía el recorrido que ha hasta el momento ha tenido sus reclamaciones, desde la sentencia a su favor por vulneración de derechos fundamentales, con fecha de 14 de noviembre de 2019, hasta el auto de ejecución de esa sentencia, acordado el 20 de noviembre de 2020, por el que se apremia al equipo de gobierno a declarar la ZAS y a aplicar restricciones, al margen de que la sentencia de primera instancia permaneciese pendiente de la resolución del recurso de apelación presentado por el Ayuntamiento y por hosteleros del entorno ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV).
Sin embargo, en la denuncia, los vecinos inciden en que, a su juicio, el Ayuntamiento sigue sin dar cumplimiento a ese fallo. Y rechazan que la respuesta facilitada por los Servicios Jurídicos municipales, como contestación al requerimiento formulado por el juzgado, suponga la aplicación real de esa sentencia. Como informó este diario, en esa respuesta, el Ayuntamiento aseguraba que, pese a las restricciones acordadas para la actividad hostelera como medidas preventivas frente a los contagios de la covid, se había avanzado en la ejecución de la sentencia con la elaboración de un censo de actividades. Además, también se adelantaba que se pretendía llevar a cabo una nueva campaña de mediciones acústicas en el momento en el que la hostelería recuperase su actividad habitual, sin limitaciones horarias. Se trata de unos controles que el Ayuntamiento habría activado a partir del mes de septiembre, como también informó este diario.
