ALICANTE. Las asociaciones de vecinos de La Cañada del Fenollar y AVV Benvinguts de Foncalent, con el apoyo de otras diez asociaciones de las partidas rurales de Alicante, persisten en su estrategia de reivindicación de soluciones ante la presencia de actividades industriales en ese ámbito, tras el debate registrado en el pleno ordinario de febrero, a cuenta de la declaración institucional registrada por Compromís relacionada con las propuestas promovidas por Cemex respecto a la autorización para la extracción minera en la Serreta Llarga y la adaptación normativa de una planta de fabricación de aditivos preexistente.

En esta línea, los colectivos han manifestado este jueves su "profunda preocupación y rechazo a la actitud adoptada por el concejal de Partidas Rurales, Carlos de Juan Carrillo" en ese debate al considerar que "se limitó a atacar a la oposición política y menospreciar las legítimas preocupaciones de los vecinos sobre la situación ambiental en el Valle de Foncalent y las partidas rurales. Además, adoptó una postura de defensa incondicional de la actividad minera en toda la zona y de las prácticas de Cemex", que consideran "contaminantes" -un extremo que la compañía niega-  "actuando como portavoz del comité de empresa de dicha compañía en lugar de representar y proteger los intereses ciudadanos".

A juicio de los residentes, en el pleno "se ignoraron deliberadamente las denuncias vecinales sobre los sensores de contaminación, cuya calibración incorrecta impide la detección precisa de los niveles de contaminación a los que están expuestos los residentes. Asimismo, se omitió que el sensor más cercano al foco de emisiones contaminantes, ubicado en Rabasa, no mide la presencia de metales pesados ni de sustancias tóxicas como el benceno, del cual se han registrado más de una tonelada emitida en el año 2023, según los últimos datos disponibles". "Ante esta situación, diez asociaciones vecinales de las partidas rurales han respaldado un manifiesto exigiendo la dimisión o cese inmediato del concejal Carlos de Juan Carrillo, quien ha demostrado no representar ni defender los intereses de la comunidad a la que debería servir. Se espera que en los próximos días más asociaciones se sumen a esta petición", añaden.

Además, inciden en que han elevado sus "denuncias y presentado indicios y pruebas ante la Guardia Civil y el Seprona, conforme a los procedimientos de un Estado de Derecho. Lamentamos que el comunicado oficial emitido por Cemex intente blanquear la actividad minera y la producción de cemento gris y aditivos químicos sin responder a la pregunta clave: ¿Dispone Cemex de los permisos legales necesarios para la fabricación, almacenamiento y venta de aditivos químicos en sus instalaciones de Alicante? Esta cuestión sigue sin respuesta y es de vital importancia para la ciudadanía", consideran.

Comisión de sostenibilidad

En todo caso, el comunicado incide en que "los vecinos acogemos con cautela y esperanza la creación de la Comisión de Sostenibilidad que Cemex tiene previsto convocar en el segundo trimestre de este año. Consideramos que esta iniciativa representa un reconocimiento implícito de las propias dudas de la compañía sobre la viabilidad y sostenibilidad de su industria minera, así como de la fabricación de cemento y aditivos químicos en Alicante. Abrir este debate desde una perspectiva técnica sobre el control de calidad del aire, sanitaria sobre los efectos en la salud vecinal y política sobre el modelo productivo de ciudad que promueve el Ayuntamiento es fundamental. El consistorio debe reflexionar si su apuesta por abandonar el actual modelo basado en la riqueza turística de Alicante como capital de la Costa Blanca para migrar hacia un modelo industrial altamente contaminante y peligroso es realmente el camino adecuado", recalca la nota pública.

"Esta transformación amenaza con convertir a Alicante en la capital de la Costa Negra, un escenario que la ciudadanía debe conocer y debatir. La postura de los vecinos es clara: lucharemos para evitar que la fabricación masiva de cemento y la actividad minera a escasos metros de zonas residenciales, barrios urbanos y a menos de un kilómetro de la ampliación de la Universidad de Alicante —donde se proyectan nuevas facultades de ciencia— continúe deteriorando nuestro entorno. Además, cabe recordar que las chimeneas emisoras de contaminantes se encuentran a tan solo 6,5 kilómetros del Ayuntamiento de Alicante, lo que demuestra la proximidad del problema al centro de la ciudad. Este modelo no es viable ni sostenible. Por otro lado, no aceptamos una mesa de sostenibilidad en la que se nos excluya o se nos relegue a un papel secundario. Estamos dispuestos a dialogar y negociar soluciones que permitan la convivencia sin perpetuar el perjuicio a los residentes. Creemos en la necesidad de encontrar un equilibrio entre la actividad industrial y el derecho de los ciudadanos a un entorno saludable y seguro", prosigue el comunicado.

Por último, "queremos señalar que el problema con Cemex no es el único desafío que enfrentan las partidas rurales. La falta de acción por parte del Ayuntamiento de Alicante en cuestiones como la proliferación de asentamientos ilegales, la deficiencia en servicios públicos básicos (iluminación, agua potable, asfaltado, recogida de basuras, transporte público, entre otros) y la precariedad de los recursos de la Policía Municipal de partidas reflejan un abandono institucional que ha agravado la situación en todas las partidas rurales. El Valle de Foncalent, que en su día fue un entorno natural privilegiado, ha sido convertido en un área de explotación minera, vertederos y escombreras, con un impacto ambiental devastador. Invitamos a la ciudadanía a comprobar esta realidad mediante rutas de senderismo por la zona para que sean testigos directos del daño sufrido. Exigimos que la calidad del aire en Alicante sea evaluada con criterios ajustados a la realidad de nuestra proximidad a fuentes de contaminación. No es aceptable que se ignore el impacto de las emisiones de Cemex en la salud de los vecinos y que, hasta la fecha, ninguna autoridad haya solicitado un informe epidemiológico sobre la prevalencia de enfermedades en la zona. Por ello, las asociaciones vecinales han tramitado una solicitud formal ante la Conselleria de Salud para que se investigue este asunto", concretan.