ALICANTE. El pleno del Ayuntamiento de Alicante validó este miércoles el catálogo de protecciones de la ciudad: un documento que regula las condiciones de conservación de edificios y elementos paisajísticos que se ha confeccionado y tramitado durante los últimos cinco años. La propuesta prosperó con un amplio respaldo (23 votos de 29 posibles) gracias a la suma de PP, Cs, PSOE y Compromís (con la ausencia de dos ediles que también ejercen como diputados provinciales), después de las negociaciones emprendidas por el concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Cs), para pactar su aprobación, en representación del equipo de Gobierno (PP y Cs).
Tanto PSOE como Compromís defendieron su apoyo al documento con el argumento de la responsabilidad. La alternativa era dejar que Alicante perdiese otra oportunidad para planificar la protección de su patrimonio, como sucedió en 2017, con la propuesta impulsada por el extinto tripartito, bajo las directrices del exconcejal de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, como concejal de Urbanismo. Con el apoyo de socialistas y nacionalistas, se garantizaba la mayoría más que necesaria para que la propuesta prosperase, lo que permitió que al menos Unides Podem se decantase por ocupar el espacio crítico y que pusiese el foco en las carencias y ausencias de las que, a su juicio, adolece el documento. Sea como fuere, lo cierto es que con la aprobación inicial del documento, las determinaciones del catálogo ya surten efectos. Cualquier iniciativa que se pretenda desarrollar sobre alguno de los inmuebles catalogados debe ceñirse a lo que delimiten sus respectivas fichas, pese a que el catálogo todavía no haya sido avalado por la Generalitat.
En principio, la Conselleria de Política Territorial deberá evaluar ahora si la propuesta adolece de algún defecto que deba ser subsanado, lo que implicaría devolverla al Ayuntamiento para que corrigiese esas observaciones y la elevase a aprobación definitiva. En caso de no haber subsanaciones, el catálogo quedaría aprobado de forma definitiva en su estado actual.
Eso sí, la fumata blanca que ha supuesto su aprobación tras cinco años de trabajo técnico y administrativo no ha evitado el derribo de varios edificios para los que los técnicos de la Concejalía de Urbanismo habían planteado algún grado de protección. Así, desde que se produjo el vencimiento de la suspensión de licencias acordada con motivo del inicio de la tramitación del catálogo, en el año 2015, han desaparecido al menos ocho inmuebles distintos, después de que la propuesta de catálogo impulsada por el tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) quedase rechazada por PP, Cs y los dos ediles no adscritos (Nerea Belmonte y Fernando Sepulcre) en mayo de 2017.
El primero de esos edificios fue un inmueble situado en la confluencia entre Benito Pérez Galdós y José María Py: un inmueble de planta baja y dos alturas, construido en 1948, para el que se proponía el grado de conservación parcial. La construcción original fue demolida y, en su solar, se está terminando de edificar un inmueble de carácter residencial, de nueva planta.
