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Las elecciones enconan la pugna política en Alicante con 'canje' de dimisión por presupuesto

  • El alcalde de Alicante, Luis Barcala, se dirige a los ediles de la bancada progresista, en el pleno de febrero.
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ALICANTE. La proximidad de las elecciones municipales del próximo 28 de mayo impregnó el desenlace del pleno ordinario del mes de febrero desarrollado este jueves en el Ayuntamiento de Alicante. Las seis fuerzas que conforman la corporación en este mandato -PP, PSOE, Cs, Unides Podem EU, Compromís y Vox- trataron de aprovechar la sesión (que se prolongó durante más de nueve horas) con el propósito de desplegar sus propuestas y planteamientos ideológicos ante la tesitura de tener que movilizar a los afines y tratar de arañar apoyos entre indecisos o seguidores de otros partidos. Todo, con buenas dosis de demagogia desde las bancadas del equipo de gobierno y de la oposición, y a pesar del limitado seguimiento de público que siguen teniendo las sesiones municipales, ya sea en el salón de plenos o en su retransmisión en streaming (un máximo de 54 seguidores, en esta ocasión).

Lo cierto es que varios de los ediles de prácticamente todas las formaciones se refirieron a ese contexto preelectoral en sus intervenciones al reconocer que "hay que rascar votos". Así, volvieron a reproducirse las habituales críticas frente a las decisiones de otras administraciones gobernadas por los partidos opuestos, pese a que sí se alcanzó un acuerdo unánime respecto a la necesidad de que se construyan nuevas infraestructuras educativas en el distrito de Playa de San Juan: un asunto en el que se combinan competencias compartidas entre el Ayuntamiento (como responsable de la gestión y cesión del suelo) y la Generalitat (encargada de la promoción o, en su caso, financiación -como sucede con el Plan Edificant- de los colegios). 

La necesidad de diferenciación política frente al adversario se puso de manifiesto en algunos de los puntos sometidos a debate, como las tres declaraciones institucionales registradas con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora del próximo 8 de marzo. La primera fue la defendida por PP y Cs; la segunda fue la registrada por PSOE y Unides Podem EU, y la tercera por Compromís en solitario. Ese escenario de división sobre un tema sensible como la igualdad ya se ha venido reproduciendo en los años precedentes de este mandato, pero en esta ocasión quedó acentuado por el hecho de que ni siquiera las tres fuerzas de la izquierda hubiesen sido capaces de pactar una propuesta conjunta. A la postre, las tres iniciativas quedaron rechazadas. 

Además, esa diferenciación política con posicionamientos enconados también se evidenció en otro asunto con tanta repercusión social como la fiscalidad municipal. Máxime, en un contexto marcado por la inflación. Así, el grupo municipal del Vox volvió a desvincularse de PP y Cs en su defensa de la supresión del impuesto de plusvalía -o, cuando menos, en su intento de rebajar el coeficiente para su cálculo- y Unides Podem EU apostó por reivindicar la necesidad de la progresividad en el pago de impuestos de recaudación municipal (IBI, IAE, Icio e IVTM), aunque su iniciativa quedase desestimada con los votos del eje del centro-derecha (PP, Cs y Vox). 

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