ALICANTE. Los contratos menores concertados para reparar un escenario e instalar una pérgola en la plaza Manuel Giménez Pastor de La Alcoraya han dado artillería a las formaciones del eje progresista que ejercen funciones de oposición en el Ayuntamiento de Alicante en la antesala de las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. PSOE, Unides Podem EU y Compromís han anunciado distintas iniciativas para exigir explicaciones sobre la tramitación de esos encargos promovidos con la intervención de las concejalías de Infraestructuras y Partidas Rurales y Participación Ciudadana hasta el punto de anticipar el estudio de acciones legales como la posible presentación de una denuncia en Fiscalía para que se dilucide si pudo incurrirse en un supuesto fraccionamiento de contratos. Es decir, justo la causa que acabó precipitando la dimisión del exalcalde socialista, Gabriel Echávarri, en abril de 2018.
Por lo pronto, fuentes del equipo de gobierno consultadas por Alicante Plaza rechazaron toda posible semejanza con el proceso judicial seguido contra Echávarri (a instancias de una denuncia del PP) al sostener que los contratos señalados ahora corresponderían con tres encargos independientes con fines distintos; que se concertaron para responder a necesidades no relacionadas entre sí a petición o iniciativa de promotores o peticionarios diferentes, y que se formalizaron con cargo a las partidas específicas habilitadas en cada una de esas dos concejalías para acometer tales trabajos.
Así, descartaron la existencia de anomalías -frente a las dudas expresadas por las fuerzas de la izquierda-, tras defender que todos los procedimientos de contratación fueron promovidos por técnicos municipales y quedaron bajo los controles y supervisiones habituales. Está por ver cuál podría ser el criterio que pudiese adoptarse tanto en la Fiscalía como en los juzgados, en el caso de que se llegase a presentar una posible denuncia y que esta fuese procesada.
Por lo pronto, el planteamiento de la polémica no ha tenido ningún tipo de consecuencia desde el punto de vista político más allá de las declaraciones y las explicaciones, ya que no se habría producido ningún cambio en la confianza que el equipo de gobierno -con el popular Luis Barcala a la cabeza- mantiene sobre el concejal de Fiestas, Partidas Rurales y Participación Ciudadana, Manuel Jiménez, al que se habría apuntado en las informaciones divulgadas hasta ahora.
Así, Jiménez sigue desempeñando esas responsabilidades y también figura en la candidatura que el PP elevó a ratificación por parte de la dirección nacional del partido, este lunes. En concreto, lo hace en un puesto comprendido entre el 7 y el 10, junto a Mari Carmen de España, Toño Peral y Lidia López, a diferencia de lo que sucede con el edil de Infraestructuras, José Ramón González, y con la ya exconcejal, Julia Llopis (que este lunes presentó su dimisión y renuncia al acta para incorporarse a la candidatura autonómica de Vox). Por su parte, el portavoz adjunto del bipartito y edil de Medio Ambiente, Transportes, Limpieza y Gestión de Residuos, Manuel Villar, ocupará el segundo puesto de la candidatura, como anticipó este diario.
Tres contratos
¿Cuáles son esos contratos puestos en duda y cuál fue su motivación? El primero de ellos correspondería a la instalación de un circuito biosaludable con aparatos para la realización de ejercicio físico, situado en el entorno de la plaza de La Alcoraya. Según fuentes del bipartito, fue tramitado y adjudicado por la Concejalía de Infraestructuras a través de la partida presupuestaria habilitada con ese fin: el de la instalación de aparatos biosaludables. Su adjudicataria fue Inelsa Ingeniería, por un importe de 57.335 euros, según las informaciones divulgadas hasta ahora. Fuentes del bipartito señalaron que su encomienda se formalizó en cumplimiento de un acuerdo aprobado en la Junta de Distrito número 5 en 2019, a través del mecanismo de los presupuestos participativos, al que no se había dado cumplimiento hasta el último tercio del año 2022, cuando los representantes vecinales de esa Junta reiteraron su petición.
El segundo contrato es el que atañe a la reforma y reparación del escenario de la misma plaza, también concertado por la Concejalía de Infraestructuras con Inelsa Ingeniería por un importe de 27.757 euros. Según fuentes del equipo de gobierno, ese encargo se encajó, igualmente, en la partida presupuestaria habilitada en ese departamento precisamente con ese objetivo: el de reparar edificaciones y escenarios municipales. Es más, señalaron que, con cargo a esa partida, también se había ejecutado la reparación del escenario de La Cañada, y que todavía se debía haber actuado en otra reparación prevista en la partida de Verdegás.
El tercer contrato es el de la instalación de una pérgola en ese espacio público. Se concertó con la empresa Rehabilitaciones Grupo Leuka por un importe de 44.379, a través de un procedimiento negociado en el que se solicitaron tres presupuestos a tres empresas diferentes. Su coste se cubrió con cargo a otra partida presupuestaria de la que, según fuentes del bipartito, también disponía la Concejalía de Infraestructuras de forma específica destinada a la reposición de pérgolas. Según las mismas fuentes, se trataba de retirar la estructura preexistente, en estado defectuoso y, por tanto, en situación de riesgo, tras la petición cursada por los vecinos de la partida. Además, las mismas fuentes apuntaron que era una actuación que no podía tener encaje en la partida destinada a reparación de edificios y escenarios porque los técnicos de Infraestructuras habrían interpretado que una pérgola no podía considerarse estrictamente un edificio.
