Hace tiempo que se habla de la reversión del hospital de Torrevieja al sistema público. Vence su contrato y, por lo tanto, el Gobierno valenciano considera que a la empresa gestora, Ribera Salud, no se le debe prorrogar, por cinco años, como contempla el acuerdo suscrito en su día por el Consell de Francisco Camps y los responsables de la empresa. En octubre se comunicará la decisión y por tanto, al igual que sucediera con el Hospital de Alzira, el centro quedará integrado dentro del sistema público como las condiciones que el resto, a excepción del Vinalopó y el de Dénia.
La decisión podrá ser compartida o no, pero parece tomada. Se podría decir que el PSOE siempre tuvo dudas hasta que esta crisis del Covid-19 le ha hecho persistir en la idea de la reversión. Hasta hace poco había como dos posturas: el president Puig jugaba con la ambigüedad que podría prorrogarse y la consellera Ana Barceló, desde la campaña electoral del pasado noviembre, ya sabe que ni Compromís ni Podem le dejarían pasar esa oportunidad.
Ahora bien, de aquí a octubre queda un mundo y todo es posible, si se amplía la política de pactos, aunque en estos momentos la decisión, insisto, parece tomaba. Ante esta situación, cabe preguntarse si la Generalitat Valenciana acierta o no con la decisión. Lo que parece claro es que la reversión no será fácil, aunque se cuenta con la experiencia de Alzira, donde el traspaso no fue modélico. También es verdad que no va tener coste para las arcas públicas: no hay que indemnizar a nadie. En todo caso, aprobar la cuenta de liquidación.
Los defensores del modelo Torrevieja siempre han defendido sus cifras: es uno de los centros con menos listas de espera de la Comunitat; sus detractores, en cambio, dicen que esas cifras son mejores porque la mayoría de las intervenciones quirúrgicas de especialidades con más retraso no se llevan a cabo en ese centro. Y después tenemos el clásico debate de si el modelo beneficia a determinadas empresas o si todo el modelo sanitario de una administración debe ser exclusivamente de gestión pública.
