ALICANTE. La segunda sesión (sin contar con la de constitución) de la comisión para fiscalizar el cumplimiento de la contrata de limpieza de colegios y dependencias municipales de Alicante, celebrada este viernes, permitió concluir que el servicio no se prestó en las condiciones debidas y comprometidas por contrato al menos en el primer año en el que quedó a cargo de UTE Limpal: la alianza de empresas compuesta por Clece (filial de ACS) y Fissa. En otras palabras, que no se limpió como se requería por lo que respecta a los 62 centros escolares de la ciudad, como informó Alicante Plaza a la vista de la relación de informes emitidos por los técnicos en ese periodo.
Todos los grupos políticos con representación municipal que participan en la comisión (PP, PSPV-PSOE, Cs, Unides Podem EU, Compromís y Vox) coincidieron en señalar que, entre febrero de 2018 y abril de 2019, se produjo una correlación de incumplimientos básicos, después de escuchar las explicaciones ofrecidas por Jesús Rubio: el funcionario que ejerció como responsable del contrato en ese periodo.
¿Cuál fue la causa por la que se produjeron esos incumplimientos? En esencia, la concurrencia de cuatro factores fundamentales, que se extraen a partir del relato ofrecido por el técnico, así como de la concatenación de informes de evaluación y de las quejas procedentes de la comunidad escolar (conserjes, AMPAS y directores de centros).
El primero, el bajo importe por el que se licitó la contrata como consecuencia de una falta de valoración de costes real. El concurso se convocó por 15,2 millones por dos años de prestación (más dos posibles prórrogas de un año cada una). De acuerdo con las explicaciones de Rubio, se trataba de un importe demasiado reducido en la medida en que en el pliego de condiciones se había introducido una serie de nuevos requisitos no previstos en el último contrato precedente (a cargo de Ortiz e Hijos que, de hecho, renunció a seguir asumiéndolo en precario, una vez vencida su concesión).
A eso se añadió, además, que UTE Limpal logró la adjudicación en septiembre de 2017 (aunque no lo asumió de manera efectiva hasta febrero de 2018 por un recurso presentado por FCC) tras ofrecer un precio todavía más bajo: 14,7 millones. Esa situación podría haber generado un desajuste en términos económicos: por pura lógica, difícilmente podía prestarse más servicio con menos dinero. De hecho, Rubio dijo que, cuando se convocó el concurso, pensaba que iba a quedar desierto y que se sorprendió de que se hubiesen presentado ocho ofertas.
El segundo factor determinante fue la redacción de un pliego de condiciones erróneo. La licitación se produjo, primero, a finales de 2016, y después, en la primavera de 2017, bajo la etapa de gobierno del extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís). Como detalló el propio Rubio, la intervención de varios técnicos de varios departamentos (Contratación, Infraestructuras, Intervención, agentes sociales y hasta el consejo escolar) pudo impedir que se le diese la visión de conjunto necesaria para que se contemplasen aspectos cruciales. Entre ellos, según sostuvo, que se habilitasen mecanismos para poder aplicar sanciones, o descontar pagos a través de las certificaciones mensuales, de manera ágil.
En esta línea, apuntó que él, como responsable del contrato, no tenía potestad para aplicar sanciones y quedaba limitado a elevar una propuesta a la jefatura del Servicio de Infraestructuras (un cargo técnico, desempeñado por el funcionario Javier Maestre) y, a su vez, al órgano de contratación: en este caso, la Junta de Gobierno (compuesta por concejales).
Además, añadió que el pliego no incorpora una herramienta que permita sistematizar una valoración de incumplimientos sobre la prestación del servicio para poder aplicar sanciones, más allá de una fórmula sobre las horas de trabajo prestadas, aunque sí se da cabida a la imposición de esas penalizaciones por incumplimientos leves, graves o muy graves.
De ahí derivaría el tercer factor que propició la existencia de los incumplimientos: los impedimentos impuestos por la propia UTE adjudicataria para procurar un control efectivo sobre su labor. El responsable del contrato confirmó que en el año que él estuvo al frente de su supervisión no se había instalado el sistema de control de asistencia de los trabajadores, de modo que resultaba prácticamente imposible confirmar si los operarios estaban desarrollando su labor en los lugares programados.
Según sus explicaciones, sí se contaba con un cuadrante de horas y lugares, con adscripción de trabajadores, pero esos cuadrantes se cambiaban semanalmente, a veces sobre la marcha, sin que la única inspectora municipal encargada de supervisar los colegios (otros tres se dedicaban al resto de instalaciones municipales, como el ayuntamiento, las bibliotecas o las pistas deportivas) pudiese abarcar todo ese control.
Pese a todo, explicó que sí pudo efectuar un cálculo sobre las horas no trabajadas, a partir del servicio no prestado durante los meses del verano de 2018: alrededor de 65.000 horas que debían pasar a una bolsa a libre disposición del Ayuntamiento, como se cuantificó en un informe fechado en marzo de 2019. De hecho, Rubio aseguró que él se negó a firmar las certificaciones de pago de julio, agosto y septiembre de ese año hasta que, en octubre, después de que diese traslado de la situación de falta de servicio, el concejal de Infraestructuras, Israel Cortés (PP), acordase la apertura de un expediente de averiguación de hechos al respecto. Con todo, lo cierto es que las conclusiones de ese expediente nunca se han dado a conocer.
