ALICANTE. Si la normativa urbanística en general ya no suele despertar excesivas simpatías entre los actores del sector, la reciente Ley por el Derecho a la Vivienda no ha sido una excepción. Los participantes en el Diálogo Plaza 'Sector inmobiliario y turismo residencial, retos y desafíos' coincidieron sin excepción en que, aunque con buenas intenciones, la ley será de difícil aplicación por implicar a los tres niveles de la Administración, y que en el caso concreto del precio del alquiler provocará el efecto contrario al que busca.

El abogado experto en urbanismo Rafael Moreno, de Inur Abogados, señaló que el Estado ha legislado sobre una materia en la que apenas tiene competencias, pues necesita que las comunidades autónomas declaren las zonas tensionadas, y que los ayuntamientos cobren el recargo del IBI a los tenedores de viviendas vacías. Una entente que vaticina difícil de lograr. Pero además, consideró que las trabas al alquiler reducirán la oferta, al retirar los pisos los inversores que buscan rentabilidad, de manera que los precios subirán. El experto en arquitectura mediterránea Carlos Pérez Carramiñana, por su parte, lamentó que el Estado "pida a los individuos que aporten soluciones particulares a un problema social que debería resolver directamente". ¿Cómo? "Haga usted vivienda social".

En el mismo sentido se pronunció Valentina Sileike, directora de Lucas Fox Alicante: "La mejor manera de que bajen los precios es liberar suelo finalista: si reducimos el coste del suelo bajarán los precios de las promociones". Al respecto, el secretario general de Provia, Jesualdo Ros, advirtió de que "los inversores buscan rentabilidad, si se limitan los alquileres, esos mismos inversores abandonarán el build to rent que estaba en auge los últimos años, y se dedicarán a los pisos turísticos, que ofrecen más seguridad jurídica". Algo que, indicó, ya está sucediendo. De hecho, Ros desveló que "lo último que hizo el conseller de Vivienda antes de las elecciones fue declarar zona tensionada toda la Comunitat Valenciana", algo que a su juicio agravará la situación, por lo que pidió que el nuevo Consell revierta esta decisión.