ORIHUELA/TORREVIEJA. La magistrada María Elena García Montero, de la sección séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, ha sido la ponente de una sentencia absolutoria, de marzo de 2019, contra el empresario José Rodríguez Murcía, apodado El Mesías, y ex dirigente del Orihuela, y a su hija, Almudena Rodríguez Gascón, ex directivos del grupo de empresas Promociones San José por supuesta estafa y apropiación indebida por la firma de unos contratos para la compraventa de unas viviendas en la urbanización Escandinavia Golf de Albatera. 

Los denunciantes entregaron cantidades de dinero a cuenta, pero el complejo urbanístico no se llegó ejecutar -aunque se iniciaron las obras- porque la empresa no disponía de licencia de obras. Esta misma magistrada se abstuvo en una causa anterior, en 2014 que afectaba a los mismos denunciados: en su momento, alegó que no era imparcial, porque su "marido, así como sus padres y hermanos eran titulares de participaciones en diferentes empresas del grupo al que pertenece el denunciado". Y los denunciantes han recordado, en su recurso, que la propia Audiencia Provincial de Alicante ya aprobó su solicitud de recusación cuando era la titular del juzgado de instrucción número dos de Orihuela. Y por esta razón piden la nulidad de la sentencia absolutoria contra Rodríguez Murcia y su hija.

La historia arranca cuando Francisco Andreu Rabasco y Roberto Andreu Coll suscribieron contratos de compraventa de unas viviendas en la urbanización Escandinavia Golf de Albatera por valor de 190.000 euros. Los firmantes, por parte de la empresa, fueron el propio José Rodríguez Murcia y Almudena Rodríguez Gascón. En concreto, Roberto Andreu Coll entregó un total  de 69.000 euros, y Francisco Andreu, 76.000 euros. Jesús Rodríguez Peñalver, el tercer denunciante, estuvo presente en l reunión al tener conocimiento del proyecto debido a la relación laboral que se le unía con la mercantil. 

Escandinavia Golf era un proyecto urbanístico nacido del convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Albatera y el grupo de empresas de José Rodríguez Murcia que contemplaba una permuta de suelo y la concesión de la condición de urbanizador para el sector urbanístico a cambio de unas obras públicas en el municipio. La promotora hizo las obras por valor de 2,8 millones en diferentes sitios de Albatera y de acuerdo con los proyectos aprobados por el pleno municipal. Y comenzó las obras del residencial, pero sin tener la licencias de obras, lo cual provocó la paralización del proyecto en junio de 2003. Con posterioridad se supo que la Conselleria de Medio Ambiente, con un informe, había advertido que el proyecto afectaba un monte de utilidad pública. El consistorio, sin embargo, consideró que las obras eran legalizables e impuso una sanción a la firma de Rodríguez Murcia.

Pero cinco años después, y con el proyecto paralizado, San José Inversiones y Proyectos Urbanísticos SA, presentó concurso voluntario de acreedores, sin que se devolviera cantidad alguna y constando los créditos reconocidos en el concurso de acreedores. Más tarde, el Ayuntamiento de Albatera fue condenado a devolver los 2,8 millones invertidos a la mercantil.