ALICANTE. El proyecto promovido por XC Business 90 para situar una planta de almacenaje de combustibles en el Puerto de Alicante vuelve al primer plano del debate político después de que la compañía haya reabierto negociaciones con Terminales Marítimas del Sureste (TMS) -la empresa concesionaria de la terminal de mercancías en la que quedaría emplazada- con el fin de desarrollar una tercera fase para poder disponer de un total de 20 depósitos.

Ese último planteamiento ha movido a Compromís y a Esquerra Unida Podem -dos de los grupos políticos que ejercen funciones de oposición en el Ayuntamiento de Alicante- a elevar dos iniciativas distintas ante la celebración del pleno ordinario de octubre, de este jueves, en el que se conmina al equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), a tener que posicionarse de nuevo, cinco años después de que todos los partidos representados en la corporación constituyesen un frente político de oposición a su desarrollo, ya bajo la primera etapa del popular Luis Barcala como alcalde.

En concreto, el grupo municipal de Compromís plantea que vuelva a constituirse la comisión específica sobre las relaciones de interacción entre el Puerto y la ciudad -que se ha venido creando al menos en los dos últimos mandatos- como espacio político para fijar posiciones respecto a proyectos como el formulado por XC Business 90 que queden bajo las competencias del Ayuntamiento. En este caso, como administración competente para la concesión de licencia de obra y actividad, después de que la iniciativa empresarial obtuviese autorización para su desarrollo por parte del consejo de administración de la Autoridad Portuaria.

En la exposición de motivos de la propuesta de Compromís se justifica la necesidad de esa comisión al señalar que "existen amenazas que pueden romper la convivencia y perjudicar el bienestar ciudadano y el desarrollo equilibrado de la ciudad", en alusión a la planta de carburantes, que ya no tendría que ajustarse al límite de distancias respecto a núcleo habitado establecido por el Consell en diciembre de 2021, después de que el Tribunal Constitucional (TC) anulase ese condicionante en respuesta al recurso presentado por el Gobierno por un supuesto de invasión de competencias.