ALICANTE. El proceso judicial sobre el presunto amaño del Plan General Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, investigado en una de las veinte piezas en las que se separó el caso Brugal, llega a su resolución. Salvo imprevisto, el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia que enjuició la causa prevé notificar la sentencia a los acusados la próxima semana. Previsiblemente, entre el lunes y el martes. El sentido del pronunciamiento (absolución o condena) sigue siendo una incógnita. Pero se despejará finalmente ahora (se había especulado con que se conociese en mayo), 11 años después de que se produjesen las detenciones de los supuestos implicados en la supuesta trama de corrupción, y una vez transcurridos ocho meses desde que concluyese el juicio. 

En ese periodo, las tres magistradas que conformaron el tribunal, Margarita Esquiva, Cristina Costa y Monserrat Navarro (que ejerce como ponente) han fundamentado y razonado el fallo, tras revisar la extensa prueba acumulada durante la investigación. Y también la practicada durante las cerca de veinte sesiones en las que se desarrolló la vista. En el banquillo de los acusados se postraron entonces los exalcaldes Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo (ambos del PP) y el promotor Enrique Ortiz. Junto a ellos, también fueron procesados el abogado y hermano de la exregidora, José Luis Castedo; su socio en el despacho Salvetti Abogados, Javier Gutiérrez; el hermano del empresario, Virgilio Ortiz, y dos personas más que mantuvieron vínculos con las sociedades del promotor, Pablo Rico y Santiago Bernáldez.

La sentencia, que -según fuentes consultadas- se extiende sobre cerca de 300 páginas, debe precisar si los dos exalcaldes (ahora apartados de la primera línea de la política) concedieron un trato de favor a Ortiz en el que iba a convertirse en el nuevo planeamiento urbanístico de Alicante durante su fase de redacción, entre los años 2007 y 2010. Y si, a cambio de ello, recibieron dádivas a modo de contraprestación. Según sostiene la Fiscalía, en la lista de esas supuestas prebendas figuran entregas de dinero en metálico, que pudieron destinarse a la compra de viviendas de los hijos de Díaz Alperi; viajes con gastos pagados a Creta, Andorra e Ibiza; y la entrega de un vehículo modelo Mini Cooper. 

De igual modo, la sentencia debe concretar si los abogados de Salvetti intermediaron en la confección de las alegaciones a ese nuevo PGOU con la intención de beneficiar a Ortiz y a otros posibles empresarios, como el promotor ilicitano Ramón Salvador, también acusado. Por lo pronto, Salvador asumió que sí había pagado para conseguir modificaciones en terrenos de su propiedad en el Pla de Xirau, tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía por el que reconocía su culpabilidad. En principio, él es el único de los nueve procesados que ya conoce a qué consecuencias debe atenerse: una condena de tres meses de prisión como responsable de un delito de corrupción de autoridades o funcionarios públicos, que quedará en suspenso durante un plazo de dos años tras el pago de una multa de 14.500 euros más intereses legales.

Ese primer paso dado por Salvador abrió la puerta que Ortiz, su hermano y Bernáldez también pactasen un acuerdo de conformidad por el que asumían las acusaciones de la Fiscalía. En virtud de ese pacto, Ortiz se declaraba autor de un delito continuado de corrupción de autoridades o funcionarios públicos y otro delito de tráfico de influencias sobre funcionario público o autoridad. Además, admitía responder como cooperador necesario de la comisión de un delito continuado de prevaricación. En suma, el promotor asumía la imposición de una pena de un año y seis meses de prisión por el primero de esos delitos, además del pago de multa de 356.528 euros; y otros seis meses de privación de libertad por el segundo, además de otra multa de 526.261 euros. Todo, al margen de otros dos años y un mes de inhabilitación especial para el desempeño de cargo público por el tercero de los delitos. Por último, el promotor también debía indemnizar al Ayuntamiento con 713.057 euros por los costes derivados de la tramitación del PGOU.

No obstante, al conocerse la sentencia absolutoria sobre la adjudicación de la contrata de la basura de Orihuela (el origen del caso Brugal) Ortiz decidió cambiar de estrategia y acabó retractándose del pacto suscrito con la Fiscalía. Así lo puso de manifiesto en el inicio del juicio para defender su inocencia y pedir la absolución, como el resto de los procesados. Y el tribunal aceptó la retirada de ese acuerdo, pese a las protestas de la Fiscalía y del resto de las acusaciones: ejercidas por el Ayuntamiento de Alicante y por la agrupación local de Esquerra Unida (EU).