ALICANTE. La segunda sesión de la comisión encargada de fiscalizar el servicio de mantenimiento de zonas verdes de Alicante puso de manifiesto este lunes la persistencia de dos visiones enfrentadas: la del equipo de gobierno, compuesto por PP y Cs, y la de los grupos de la oposición, fundamentalmente, los que conforman el eje progresista (PSOE, Unides Podem y Compromís). Y no solo por lo que respecta a la contrata objeto de análisis, sino por lo que concierne a las concesiones de los principales servicios municipales: limpieza viaria y recogida de la basura, transporte público en autobús, limpieza de colegios y dependencias municipales...
Como en esas prestaciones, los representantes del eje progresista coincidieron en reprochar al bipartito el retraso en la convocatoria del nuevo concurso de zonas verdes -envuelto, además, en un proceso de recursos e impugnaciones por parte de los licitadores- que habría provocado que el Ayuntamiento acabase abonando más de 10 millones de euros sin el respaldo de un contrato en vigor a la empresa que ha venido desempeñando el servicio desde hace más de veinte años. Se trata de Geamur, la última concesionaria de la prestación (antes bajo denominaciones como Viveros Albatera o Viveros Alicante), hasta que STV Gestión asumió la tarea, en enero de este año.
E, igualmente, como también se ha planteado a cuenta de los procesos de licitación del resto de grandes contratas, los representantes del bipartito (sobre todo, los del PP) responsabilizaron de ese retraso a la -a su juicio- falta de gestión del extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís), durante los dos primeros años del pasado mandato, cuando se tanteó la posibilidad de que el servicio pudiese prestarse de manera directa tras su remunicipalización.
Así, el pulso entre los dos bloques acabó anticipando cuál será el camino de las próximas comparecencias. En primer término, se acordó que, para la próxima sesión de trabajo, el 11 de junio, se citaría al técnico municipal que ejerce como responsable del contrato, además del jefe de servicio. Además, quedó abierta la posibilidad de que pudiese citarse a los inspectores municipales encargados de supervisar la prestación, sin que se llegase a precisar de cuántos se disponía para ejercer esa función. El edil de Medio Ambiente, Manuel Villar (PP), solo concretó al respecto que la cifra "fluctúa", por lo que se limitó a señalar que concretaría quién o quiénes de ellos podrían ofrecer explicaciones ante la comisión.
No obstante, sí se avanzó que la intención del equipo de gobierno era solicitar la presencia de los concejales que desempeñaron las competencias sobre Medio Ambiente durante el pasado mandato para que pudiesen responder sobre su labor al frente del departamento y sobre cómo actuaron para controlar el servicio. Los representantes del eje progresista, por su parte, también avanzaron que consideraban necesarias las explicaciones de Villar.
Eso sí, antes de que se reprodujese ese enfrentamiento político central (que se viene registrando en otras comisiones precedentes), ya se habían formulado algunas aportaciones previas, a partir de la comparecencia de los representantes del Sindicato de Empleados Públicos (SEP): la organización sindical que formuló la primera denuncia pública sobre la existencia de supuestas anomalías en el desarrollo del servicio y que sirvió como punto de partida para que se solicitase la creación de la comisión.
En esta línea, los representantes del SEP se ratificaron en el contenido de esa denuncia, en la que aludían a la falta de personal; a la falta de maquinaria; a la existencia de vehículos obsoletos; a las carencias en el mantenimiento de zonas verdes de la periferia; al incumplimiento del convenio laboral por lo que respecta a la mejora de categoría de los trabajadores o a la realización de trabajos ajenos al servicio municipal contratado por parte de empleados de Geamur durante su horario de trabajo. No solo se reafirmaron en esas consideraciones, sino que incidieron en que las habían comprobado personalmente y que las habían puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo, sin que hasta el momento hubiesen tenido constancia de una posible resolución.
Además, apuntaron que registraron ese escrito de denuncia ante el Ayuntamiento y que incluso mantuvieron un encuentro con Villar, sin que tuviesen constancia de cuál fue la actuación que el responsable municipal pudiese haber desarrollado sobre los hechos que se le expusieron. Tampoco el propio Villar llegó a dar detalles sobre ello, en parte, consciente de que tendrá que comparecer ante la comisión en una próxima sesión.
De igual modo, a preguntas del portavoz de Vox, Mario Ortolá, los representates del SEP negaron que en su denuncia se hubiese apuntado la existencia de contrataciones en fraude de ley, como había replicado Geamur en el escrito dirigido al ayuntamiento, en el que negaba una a una la existencia de las presuntas anomalías relatadas por el sindicato, al tiempo que descartaba su comparecencia ante la comisión al considerar que no existía la obligación de hacerlo y que ya se había negado la existencia de tales irregularidades.
