ALICANTE. Ahora sí: el segundo juicio del ruido en el Centro de Alicante queda visto para sentencia, tras el registro de los últimos escritos de conclusiones todavía pendientes, formulados por la Fiscalía, por el Ayuntamiento de Alicante y por la Asociación de Locales de Ocio y Restauración (Alroa). En ellos, vienen a confirmarse las posiciones que las tres partes han mantenido desde el principio del proceso.
En primer término, el Ministerio Público respalda la solicitud registrada por los residentes que iniciaron el procedimiento y se alinea en la conclusión de que el nivel de ruido detectado en un informe pericial independiente estaría vulnerando derechos fundamentales de los residentes. De hecho, alude a ese dictamen para concluir que los registros obtenidos "superan los valores que pueden considerarse seguros para la salud de los vecinos", por lo que considera que la situación generada por la concentración de establecimientos de ocio y hostelería (a los que, eso sí, no menciona de forma expresa) perturba el descanso vecinal "y el desarrollo de sus vidas con ruido que excede de los parámetros de habitabilidad de la ciudad".
De ahí que sostenga que, a su juicio, sí se estaría conculcando el derecho a la integridad física y moral recogido en el artículo 15 de la Constitución, por lo que solicita al juzgado que emita una sentencia en ese sentido. Se trata de una posición que podría conllevar que se conminase al Ayuntamiento a adoptar medidas tendentes a corregir esa situación, como la posible declaración de Zona Acústica Saturada (ZAS) por la que abogan los demandantes. Esa fue, cuando menos, la disposición que se incluyó en la sentencia de primera instancia dictada a finales de 2019 tras el contencioso registrado inicialmente por la Asociación de Vecinos del Centro Tradicional, que después quedó revocada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV), con aval posterior del Tribunal Supremo (TS), al considerar que una asociación carecía de legitimidad para alegar la vulneración de derechos fundamentales que pertenecen a la esfera del individuo.
Lo cierto es que la Fiscalía no aporta argumentos ni referencias adicionales para sustentar su posición y se limita a resumir su petición en base al informe pericial, en el que -a partir de las mediciones captadas por los sonómetros instalados por el propio Ayuntamiento- se concluiría que desde el 1 de enero de 2020 hasta el día 31 de octubre de 2023, se habrían producido hasta 951 registros de más de 65 decibelios en horario nocturno durante el año 2020; 834 en 2021; 732 en 2022 y, por último, 178 hasta octubre de 2023.