ALICANTE. La controversia desencadenada a cuenta de los contratos sobre distintos trabajos ejecutados en la partida de La Alcoraya, concertados desde las concejalías de Infraestructuras y Partidas Rurales, ya tiene una primera consecuencia política en clave electoral por la presunta tramitación irregular o falta de ética con la que -a juicio de la oposición- se habrían materializado. No es ninguna sorpresa: las tres fuerzas del eje progresista -PSOE, la confluencia entre Podemos y Esquerra Unida y Compromís- han ganado munición para tratar de deslegitimar la gestión del equipo de gobierno. Y, en concreto, con la que atacar al partido que ostenta la Alcaldía (el PP), a poco más de un mes de la cita con las urnas del próximo 28 de mayo.

De hecho, las tres formaciones ya han movido ficha para recopilar toda la información disponible sobre ese conjunto de contratos -cuatro en total, por un importe global de 135.291 euros- y ya anuncian el inicio de acciones legales con el registro de una posible denuncia en Fiscalía ante las sospechas de que pudiese haberse incurrido en un delito de prevaricación o en un hipotético fraccionamiento de contratos: la causa que precipitó la caída del exalcalde socialista, Gabriel Echávarri, tras el estallido del llamado caso comercio, en abril de 2018, y el consiguiente ascenso de Luis Barcala en su relevo.

Todo, al margen del deber de inhibición por una presunta incompatibilidad al que, según señaló la alcaldable del PSOE, Ana Barceló, debió haberse acogido el edil de Fiestas y Partidas Rurales, Manuel Jiménez, al conocer que su concejalía iba a contratar con la empresa que había realizado una reforma previa en su domicilio y con cuyo representante guardaba un vínculo personal a través de las Hogueras.

El equipo de gobierno, la alianza compuesta por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), persiste en negar cualquier tipo de irregularidad al sostener que el procedimiento administrativo contó con el aval y la supervisión de los técnicos de Contabilidad e Intervención. Y, al tiempo, también ha descartado toda similitud con el caso comercio al defender que los contratos señalados ahora corresponderían con encargos independientes con fines distintos; que se concertaron para responder a necesidades no relacionadas entre sí a petición o iniciativa de promotores o peticionarios diferentes, y que se formalizaron con cargo a las partidas específicas habilitadas en cada una de esas dos concejalías para acometer tales trabajos, como ya ha informado este diario.