ALICANTE. Más cambios en la contrata de limpieza viaria y recogida de residuos de Alicante en el último tramo de su vigencia. Las disposiciones europeas que conminan a elevar al menos al 50% el porcentaje de residuos orgánicos tratados de manera separada antes del fin de 2022 forzará al equipo de Gobierno (el bipartito compuesto por PP y Cs) a acordar una nueva modificación del contrato para pagar más por la incorporación de ese servicio de recogida selectiva y su posterior tratamiento.
Lo cierto es que, como informó Alicante Plaza, la Concejalía de Limpieza y Medio Ambiente ya venía trabajando en ese escenario desde este otoño, ante los apremios formulados desde la Conselleria de Transición Ecológica. Sin embargo, hasta es momento se había previsto solo el desarrollo de una primera experiencia piloto -que debía ponerse en marcha antes de que concluyese este 2020- con costes limitados al restringirse solo a la retirada de los residuos orgánicos generados por los grandes productores del canal horeca: básicamente, negocios de la hostelería como hoteles y restaurantes.
No obstante, esa planificación ha cambiado. El departamento que coordina el edil Manuel Villar (PP) ha concertado ya un trabajo de consultoría técnica para poder extender ese servicio en toda la ciudad mediante la instalación de un mínimo de 1.500 contenedores específicos, como concretaron fuentes municipales a través de un comunicado, el pasado fin de semana. Las implicaciones son lógicas: el precio de esa nueva prestación también quedarán ampliados en un importe que todavía no se ha cuantificado. De hecho, el coste dependerá de la redacción del proyecto de extensión de ese servicio ya adjudicado a Aymed Proyectos Obras y Servicios.
Se da la circunstancia de que ese nuevo modificado del contrato deberá abordarse en el último año de la concesión, adjudicada en 2012 a la UTE compuesta por FCC, Ferrovial, Inusa y Grupo Cívica. Ese contrato vence en septiembre de 2021, aunque el equipo de Gobierno ya ha anticipado que se tendrá que negociar prórrogas por una duración limitada ante la previsión de que no se pueda convocar un nuevo concurso con antelación.
