ALICANTE. Ya hay fecha para que Luis Díaz Alperi, Sonia Castedo y Enrique Ortiz se sienten en el banquillo de los acusados por el presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante. La Audiencia Provincial juzgará a los dos exalcaldes del PP por un presunto trato de favor concedido al promotor a partir del próximo 30 de junio. El juicio se celebrará, así, diez años después de que se produjesen los arrestos de la segunda fase de la operación Brugal, en la que se destaparon las supuestas negociaciones entre los políticos y el constructor con el fin de concederle condiciones ventajosas en el planeamiento de la capital. 

La primera fase de esa investigación, ahora a la espera de sentencia con una veintena de procesados, se inició a raíz del presunto amaño en la adjudicación de la contrata de la basura del municipio de Orihuela en favor del empresario Ángel Fenoll. A partir de ahí, la policía y la Fiscalía Anticorrupción abrieron varias líneas de investigación, entre las que también se incluye la relativa a la adjudicación supuestamente irregular del vertedero de la Vega Baja a la UTE liderada por una de las sociedades de Ortiz, que afecta, entre otros, al expresidente de la institución provincial, José Joaquín Ripoll.

En el caso de la rama que afecta al urbanismo de Alicante, la Sección Tercera de la Audiencia ha previsto el inicio de la vista oral para finales de junio (el citado día 30) en una primera sesión en la que se dará cabida al planteamiento de las cuestiones previas. Entre ellas, todo parece indicar que las defensas solicitarán la nulidad de las escuchas telefónicas practicadas por los investigadores con el argumento de que generaron indefensión para los acusados, como ya ha sucedido durante la fase de instrucción previa. Después, se ha programado una segunda jornada para el día 7 de julio, en la que, previsiblemente, se produciría la resolución de las peticiones que hubiesen podido formularse. A partir de ahí, el proceso quedaría suspendido hasta el 23 de septiembre, cuando se retomará todo el calendario de sesiones hasta la conclusión del juicio, el 12 de noviembre.

La Fiscalía Anticorrupción reclama 10 años de prisión para Castedo, y 10 años y 2 meses para Díaz Alperi por favorecer, presuntamente, al empresario Enrique Ortiz en el diseño del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), durante su fase de redacción. El ministerio público les acusa a ambos de delitos continuados de revelación de información privilegiada por autoridad o funcionario, cohecho y tráfico de influencias. Por lo que respecta a Ortiz, solicita que se le condene a 8 años de prisión por un delito de tráfico de influencias y cohecho.  

El fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, sostiene que los dos exalcaldes del PP aceptaron diversas dádivas de Ortiz entre 2008 y 2010 a cambio de favorecer sus intereses en el nuevo planeamiento de la ciudad (que finalmente no llegó a entrar en vigor) y de facilitarle datos que aún eran confidenciales. Las supuestas dádivas pudieron consistir en viajes pagados a Andorra, Ibiza y Creta, la entrega de un coche modelo Mini Cooper y de diversas sumas de dinero en metálico.