ORIHUELA. El juicio del Caso Brugal, que investiga la rama oriolana y los supuestos amaños en la contrata de basuras, continúa con la fase de declaración de testigos. Ayer lo hizo otro agente de la UDEF, de la Unidad Central, que dio apoyo técnico y de medios y conocimiento a la Unidad Territorial de Alicante durante la investigación. El agente es representante de un equipo que también dio soporte con visados o el visto bueno, desde un punto de vista objetivo, a la redacción de solicitud de prórrogas. Otra de las funciones fue la de llevar datos objetivos de Hacienda para ponerlos a disposición de la investigación en Alicante e hicieron una descripción patrimonial.

El testigo afirmó que, en base a la puesta de datos en común de su unidad y del equipo que investigaba en Alicante, pudieron llegar a la conclusión de que el Ayuntamiento oriolano pagaba a una empresa intermediaria, denominada Orihuela Costa, que pasaba flujo de capital a otra firma, Bonsai Pool. El tránsito de dinero era, según el testimonio, continuo y se hacía de forma que llegaba casi totalmente íntegro de Orihuela Costa a Bonsai Pool, a veces con algunas diferencias, en torno a 40.000 euros. "O bien Bonsai Pool estaba subcontratada por Orihuela Costa o no entendíamos el negocio subyacente", aseguró el agente.  En este sentido, también coincidieron en que había una sociedad interpuesta que "podía servir para desvincular a Bonsai Pool del Ayuntamiento de Orihuela". 

Precisamente, en 2004, el socio mayoritario de esta empresa que recibía el dinero, era Jorge Lorente, uno de los acusados en el juicio, y hermano de la exalcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente. El agente señala que, en 2005 la firma tuvo una venta de sus participaciones, que hacía parecer que estuviera desvinculada de Lorente. No obstante, "ahondando en la información de Hacienda, figuraba que seguía vinculado a Bonsai Pool", según la declaración del agente. Analizaron, asimismo, que habitualmente recibía ingresos, que comenzó con 11.000 euros en la cuenta y acabó con 17.000 euros. 

El agente, además, aseguró que, dentro de las pesquisas para realizar la descripción patrimonial y sus labores de colaboración con la entidad territorial, pudieron concluir que las empresas de Ángel Fenoll, Colsur y Proambiente, recibían ingresos, desde 2005 a 2008 del Ayuntamiento de Orihuela. Esta unidad realizaba el análisis objetivo de lo que las cifras les indicaban, mientras que los investigadores en Alicante ahondaban e interpretaban esos datos en base a más información, para ver si existía algún negocio subyacente a esos movimientos. El agente testificó, a preguntas del fiscal Pablo Romero, que Colsur, a lo largo de tres años comenzó con poco menos de cuatro millones de euros y acabó recibiendo cinco millones y medio. Proambiente por su parte, recibía menos dinero del Ayuntamiento de Orihuela entre 2005 y 2008, pero su evolución también fue al alza, de 500.000 a 800.000 euros.