VALÈNCIA. El 30 de diciembre de 2024 entraba en vigor en España el reglamento MiCA (Markets in Crypto-Assets) una directiva europea que regula la forma de trabajar en el entorno de los activos digitales. En líneas generales, la directiva persigue dotar de confianza a la industria y proporcionar la seguridad necesaria para proteger al inversor. Persigue también evitar el uso de las criptomonedas para el blanqueo de capitales o financiar acciones delictivas, como puede ser el terrorismo. MiCA deja fuera de su alcance a las finanzas descentralizadas (DeFi) y los tokens no fungibles (NFTs), ya cubiertos por otras leyes específicas.
La regulación establece una serie de requisitos estrictos para aquellas empresas que operan con criptoactivos. Se tienen en cuenta factores como la gobernanza, la previsión de fondos, la transparencia, la prevención de riesgos o la protección de datos de lo usuarios, entre otros.
España ha sido uno de los primeros socios comunitarios en aplicar el reglamento MiCa, delegando en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la autoridad competente para supervisar su implementación. A este organismo corresponde también autorizar y supervisar a los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) capaces de operar en nuestro país conforme a la ley.
Los autorizados
La CNMV publicó ya hace unos meses en su página web un listado con los nombres de los proveedores autorizados en nuestro país hasta el momento. En la relación figuran grandes exchange, como Bitpanda o Coinbase, pero también aparecen muchos actores que provienen de las finanzas tradicionales -lo que en el mundo cripto se conoce como TradFi- como son las entidades crediticias. Junto a estas se encuentran neobancos y plataformas de inversión como Robinhood, Trade Republic, eToro y N26.
La lista de los proveedores con licencia en España la dominan las empresas de Países Bajos y Alemania. Llama también la atención la presencia de Malta, con 6 organizaciones autorizadas para un país cuya población apenas supera el medio millón de habitantes.
Las únicas organizaciones españolas autorizadas por el momento por la CNMV para actuar como CASP corresponden a BBVA, Openbank, Cecabank y Bit2me, el exchange valenciano creado por Leif Ferreira y Andrei Manuel que se especializa en la compra, venta y custodia de criptoactivos. Para que estas organizaciones puedan ahora operar de forma transfronteriza en los 26 países integrantes de la UE, tendrán que solicitar el ‘pasaporte’ de MiCA. No implica ello tramitar una licencia en cada país, pero sí requiere una pequeña adaptación a sus regulaciones respectivas.
Los que no están en la lista
Otros exchanges y entidades que estaban registrados en el Banco de España como paso previo para dar el salto al MiCa, tanto nacionales como extranjeros, no han pasado todavía la criba. De no conseguirlo, estas organizaciones dejarán de operar legalmente dentro del territorio de la UE bajo amenaza de cierre y sanciones.
Para adaptarse al nuevo marco regulatorio tienen de plazo hasta el 31 de julio de 2026, fecha en la que expira el periodo transitorio nacional de 18 meses para que proveedores de servicios de criptoactivos ya operativos puedan obtener la autorización MiCA. Entrarían aquí soluciones como la de Criptan, todavía en proceso de obtener la nueva licencia.
Tampoco está en la lista Binance, la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo, la cual llegó también a registrarse en el Banco de España en señal de ‘buenas intenciones’, aunque todavía no ha sido capaz de ceñirse a los estrictos criterios del reglamento. Otra ausencia notable es la de Tether, emisor de USDT, la stablecoin vinculada al dólar estadounidense más grande del mercado. Según algunos medios, esta última habría expresado su disconformidad con requisitos del MiCa, como el del 60% de las reservas depositadas en bancos europeos -para las criptomonedas estables- algo que, desde su punto de vista, supone un riesgo importante.
¿Era necesario el reglamento?
Para algunos, puede que tanta regulación haga perder cierto encanto al mundo cripto. Sin embargo, la progresiva incorporación institucional y el aumento de la base monetaria que siguen impulsando la expansión de esta industria exigían ya una mayor atención y vigilancia por parte de las autoridades financieras, sin frenar con ello la innovación.
La ordenación del mercado abre, además, una nueva ventana de oportunidad a aquellos proyectos que se atienen a cumplir con los altos estándares regulatorios. “Desde que nos dieron la aprobación, muchos players del TradFi que estaban a la espera de lo que sucedía, se han empezado a acercar para trabajar con nosotros mano a mano”, declara Javier Pastor, director de ventas en Bit2me y formador institucional. El exchange está ya tramitando el ‘pasaporte’ para llegar a otros países.
Aunque Bit2me mantiene una postura aséptica y nunca recomienda invertir en una u otra criptomoneda, subraya Pastor la necesidad de mejorar la formación financiera del público en general y en el conocimiento de este mercado en particular al objeto de aprender a distinguir lo que aporta valor de lo que no.
Tal vez así, aprenderíamos a diferenciar entre un memecoin, altamente volátil, y otros proyectos de mayor calado. Valga como ejemplo de lo primero el caso que algunos bautizaron como ‘el cryptogate argentino’ con el lanzamiento del token $LIBRA promocionado en redes sociales por el presidente Javier Milei animando a invertir en este proyecto de criptomoneda para “incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y empredimientos”. El proyecto, según Alexis Zeballos, fundador de Crypto AZ y experto en criptomonedas y tecnología blockchain, supuso “un escándalo que mezcla innovación financiera, opacidad institucional y riesgos sistémicos” facilitados, a su juicio por “una falta de regulación”.
Casos como el expuestos es lo que conduce a algunos a abogar por un marco regulatorio que cubra el vacío legal y proteja a inversores y consumidores de posible abusos a la vez que garantice la estabilidad financiera y la integridad del mercado.
