VALÈNCIA. La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrada este miércoles resultó, tal y como se preveía, tensa y con pocos avances en el objetivo final para el que se había producido la convocatoria: progresar en la reforma del sistema de financiación autonómica. Un modelo -el actual- caducado desde hace 12 años que afecta negativamente a la Comunitat Valenciana, puesto que la sitúa a la cola del reparto junto a Murcia, lo que ha provocado un incremento anual de la deuda en esta autonomía.

Después de que el gobierno de Mariano Rajoy (PP) evitara abordar esta remodelación en sus años de mandato (2011-2018) y el ejecutivo liderado por el socialista Pedro Sánchez tampoco lo hubiera afrontado en todo el tiempo restante, días atrás se produjo -al fin- el paso adelante de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para presentar una propuesta del Gobierno de España sobre el nuevo modelo con el objetivo de llevarlo al Congreso para su aprobación y entrada en vigor en 2027.

Un sistema que, en este caso, sí ofrece a priori posibilidades interesantes para la Comunitat Valenciana, dado que percibiría 3.669 millones de euros más en 2027 que si no hubiera reforma, para el desarrollo de sus competencias, siendo así la tercera autonomía más beneficiada del nuevo modelo. El propio Consell presidido por Juanfran Pérez Llorca (PP) había sido en cierto modo prudente en estos últimos días, admitiendo que las cifras presentadas "no pintaban mal", si bien emplazaban a la reunión del CPFF para conocer más detalles sobre la letra pequeña de la reforma.

No obstante, la iniciativa ya nacía con una losa, debido al encuentro entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras (ERC) previo a la presentación pública del nuevo modelo, donde ya se anunció que Cataluña sería una de las grandes beneficiadas, algo que soliviantó al resto de autonomías y centró los ataques del Partido Popular en las "formas" del Gobierno más allá del contenido de la propuesta. 

Con estos antecedentes, la reunión del CPFF de este miércoles se antojaba complicada para Montero. Una cita en la que las distintas regiones esperaban información más detallada del modelo, además conocer el procedimiento de reuniones bilaterales anticipado por la ministra, quien además dejó en el encuentro una novedad que tampoco convenció a los participantes: la voluntariedad de acogerse o no a la propuesta. De esta manera, la sensación que se desprendió de la cita es que la iniciativa de reformar el sistema salía desinflada de esta primera toma de contacto. 

El primero de los motivos es que la totalidad de las Comunidades Autónomas (CCAA) excepto Cataluña mostraron, de inicio, su rechazo a la iniciativa. Pese a que Montero insistió en su comparecencia posterior en que muchas de las regiones estaban dispuestas a negociar, las intervenciones de los distintos consejeros de Hacienda -la mayoría del PP- a la salida de la cita, mostraban su malestar por distintos aspectos, como que el modelo no se hubiera negociado en el seno del CPFF sino en virtud a un acuerdo previo con Cataluña y, sobre todo, la falta de nueva información durante la cita, donde básicamente se reiteraron los mismo datos hasta ahora conocidos, sin mayor profundidad.

Críticas de autonomías socialistas

En este sentido, el gran tropiezo para Montero y también para Pedro Sánchez, fue la intervención crítica de dos de las autonomías donde gobiernan: Asturias y Castilla-La Mancha. Así, la vicepresidenta del Principado de Asturias Gimena Llamedo ya advirtió antes de la reunión que no les habían gustado las "formas empleadas" por el Gobierno central y manifestó su rechazo a adherirse a un acuerdo que calificó como "plato precocinado", para solicitar que se abriera una negociación en pie de igualdad con todas las CCAA.

Más duro si cabe fue el consejero del Ejecutivo de Emiliano García-Page, quien consideró un "chantaje" la oferta planteada, con una especial crítica a que acogerse al modelo fuera "voluntario", algo que desveló Montero en la reunión. "Nos están diciendo que si lo aceptamos, tenemos 1.248 millones más y si no lo aceptamos, pues lo perdemos", comentó, para señalar que las reuniones bilaterales previstas son para dar "apariencia de multilateralidad" cuando la nueva propuesta es "fruto de la bilateralidad con ERC".

Dos posturas de ejecutivos socialistas demasiado similares a las que esgrimieron los consejeros de las autonomías gobernadas por el PP, lo que dejaba a Montero sólo con el respaldo claro de Cataluña a su propuesta. No obstante, la ministra defendió en su comparecencia las posibilidades de negociar e insistió en que había autonomías que, pese a las declaraciones posteriores, sí se habían mostrado partidarias de hacer propuestas para mejorar el modelo.

En este sentido, la ministra de Hacienda instó al PP y a su líder, Alberto Núñez Feijóo, a que presentara un modelo conjunto en el que todas las autonomías donde gobiernan los populares estuvieran de acuerdo. "Nunca ha puesto encima de la mesa un modelo alternativo, a pesar de que se ha permitido el lujo de criticar modelos que otros impulsaban. No es capaz de un modelo único para todas las comunidades autónomas. No quiere, no puede o no tiene liderazgo para poder enfrentar al interior de su partido un debate", recalcó.

El conseller Rovira se va sin respuesta sobre el fondo de nivelación

En cuanto al Gobierno valenciano, el titular de Hacienda, José Antonio Rovira, lamentó a la salida de la reunión que Montero no le hubiera ofrecido una "contestación clara" a la necesidad de un fondo transitorio de nivelación para la Comunitat Valenciana hasta que llegue la reforma de la financiación autonómica.

"Nos vamos con los mismos datos con los que vinimos", subrayó, para considerar la operación de la ministra un "chantaje" a las CCAA. "Parece que ya se marcha a Andalucía y ha querido a última hora presentar un modelo que se han sacado como un conejo de la chistera", comentó en alusión a que la ministra será la candidata del PSOE a las elecciones andaluzas que se celebrarán este año.

En esta línea, Rovira reiteró como hicieron otros consejeros que el modelo debería haber emanado de una discusión del propio CPFF. "Si hubiera habido voluntad por parte del Gobierno, eso se hubiera podido hacer", sentenció.