ELCHE.- El conflicto laboral de Calzados María Jaén suma un nuevo frente. Los extrabajadores han trasladado a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Alicante una denuncia en la que reclaman que se investigue si, tras el despido de toda la plantilla y el concurso de cuatro sociedades vinculadas a la marca, la actividad empresarial ha continuado a través de otras mercantiles.
El escrito, presentado por el abogado que representa a 40 trabajadores, sostiene que existen indicios de continuidad de la actividad y señala directamente a Calzadiva SL y Calmoda Internacional SL, sociedades que, según la denuncia, estarían operando en la fabricación y comercialización de calzado después del cierre de las empresas que tenían a los trabajadores en plantilla.
El documento se incorpora al conflicto que arrastra el grupo desde finales de 2025. En diciembre se comunicaron despidos a más de medio centenar de trabajadores de las sociedades Maja, Precalzados, Zapamoda y Distribución de Calzado Calmoda, todas ellas posteriormente declaradas en concurso de acreedores sin masa por el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Alicante. Los trabajadores vienen reclamando desde entonces indemnizaciones acordes con unas antigüedades que, en algunos casos, alcanzan varias décadas.
Del concurso a una nueva denuncia
La principal novedad del escrito presentado ante Inspección es que los trabajadores no se limitan a cuestionar las condiciones de los despidos, sino que aportan una relación de operaciones que, a su juicio, apuntaría a que la actividad no se habría detenido.
La denuncia señala que Calzadiva SL, sociedad constituida en 2005 y que, según el documento, habría sido reactivada, tiene actualmente como administrador único a José Luis Jaén Sabater, hijo de Mateo Jaén Vinades, a quien el escrito identifica como responsable de facto del grupo.
Los denunciantes aportan como uno de los elementos de apoyo un correo electrónico fechado el 20 de enero de 2026, enviado por José Luis Jaén a un proveedor habitual, en el que, según transcribe la denuncia, se indica que la empresa a la que debe facturarse a partir de ese momento es Calzadiva.
El escrito incorpora también una tarjeta de visita y sostiene que los datos de contacto utilizados por esta nueva sociedad coincidirían con los empleados anteriormente por el grupo María Jaén.
Proveedores y pedidos posteriores a los despidos
La denuncia va más allá y apunta a que se estarían utilizando proveedores habituales del grupo para mantener la fabricación. Entre ellos menciona a empresas de suministros para el calzado como Tacones Riera, Plantillas Wella o Adornos Zapata.
Los trabajadores solicitan que estas operaciones puedan ser comprobadas mediante la documentación de las propias empresas proveedoras y plantean también el análisis de la información fiscal correspondiente.
Asimismo, el escrito incorpora un pedido realizado después de los despidos y atribuido a Calmoda Internacional SL, otra sociedad que, según los denunciantes, comparte domicilio con Calzadiva y en la que también figura José Luis Jaén como administrador. El pedido habría incluido 83 bultos y habría sido transportado por Transnatur Alicante.
Los denunciantes sostienen que la actividad habría seguido vinculada además a algunos de los clientes habituales de la marca, entre ellos El Corte Inglés, BestSecret, La Scarpa, Punto Roma y Calzado Hammerstein.
Una posible sucesión empresarial
La tesis que trasladan los trabajadores a Inspección es que las sociedades que entraron en concurso habrían dejado de asumir las obligaciones con la plantilla mientras la actividad productiva y comercial habría continuado mediante otras empresas.
Por ello, solicitan que se investigue una posible sucesión empresarial y que se determine si Calzadiva y Calmoda Internacional pueden considerarse sucesoras de la actividad de las sociedades concursadas.
El escrito pide además que se examine la eventual responsabilidad de las personas físicas vinculadas a la gestión del grupo y plantea la aplicación de la doctrina del levantamiento del velo societario, al considerar que podría haberse utilizado el entramado empresarial para eludir obligaciones laborales y con las administraciones públicas.
- Protesta ante el Ayuntamiento de Elche.
Un conflicto que ya ha llegado a los tribunales
La denuncia ante Inspección se suma a la vía judicial que los trabajadores ya habían anunciado y comenzado a emprender. En marzo, Alicante Plaza informó de que alrededor de 40 extrabajadores habían formalizado denuncias y que ya se habían producido los primeros señalamientos judiciales, con fechas que llegaban hasta mayo y junio de 2028.
El origen del conflicto está en los despidos comunicados a finales de 2025 y en el posterior concurso sin masa de las cuatro sociedades que concentraban buena parte de la plantilla. Los trabajadores han denunciado que las extinciones se produjeron sin indemnización y han advertido de que, ante el proceso concursal, podrían quedar abocados a reclamar al Fondo de Garantía Salarial.
Las movilizaciones también han llevado el caso al debate público en Elche. En febrero, los extrabajadores de María Jaén participaron junto a las plantillas de Analco y Castilian en una manifestación por los despidos y reclamaron indemnizaciones acordes con sus años de trabajo.
Ahora, con la denuncia ante Inspección, el foco se desplaza también a una cuestión clave para los trabajadores: si el cierre de las sociedades concursadas supuso realmente el final de la actividad o si parte del negocio ha continuado bajo otras sociedades. La Inspección deberá determinar, en su caso, el alcance de los hechos denunciados y las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de ellos.
