VILLENA. El cruce de acusaciones entre la asociación Salvatierra y el Ayuntamiento de Villena ha escalado tras la reciente publicación de un duro comunicado por parte del colectivo ecologista, en el que acusa al consistorio de ser cómplice de la pérdida del valle de los Alhorines debido a la proliferación de macroplantas solares. Salvatierra denuncia lo que califica de “greenwashing institucional”, alertando de que proyectos energéticos de gran escala están destruyendo entornos de alto valor ambiental y agrícola, mientras desde el gobierno municipal se presume de sostenibilidad.
En respuesta, el Ayuntamiento de Villena ha emitido una nota de prensa defendiendo su actuación y desmintiendo las acusaciones. El equipo de gobierno señala que ninguna de las autorizaciones de estas plantas es competencia municipal, y recuerda que son el Ministerio y la Conselleria los organismos que otorgan los permisos en función de la potencia de las instalaciones. A pesar de ello, el consistorio asegura haber presentado sistemáticamente recursos administrativos y judiciales contra los proyectos que consideraban perjudiciales.
Según el Ayuntamiento, estos recursos han conseguido la denegación de proyectos como el de Prados Energy, la reducción de superficie afectada en instalaciones como las de Repsol o X-Elio, e incluso la imposibilidad de ejecución de algunas plantas en el propio valle de los Alhorines, pese a estar autorizadas por otras administraciones. Además, subraya la elaboración de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana con una nueva cartografía de espacios protegidos para impedir futuras implantaciones.
Salvatierra, por su parte, sostiene que estas medidas no han sido suficientes ni eficaces, y critica que, mientras se anuncia protección, en la práctica se consiente el avance de estos megaproyectos. También cuestiona los patrocinios de las empresas energéticas a actividades culturales, deportivas o medioambientales en la ciudad, que considera parte de una estrategia de blanqueo verde.
El Ayuntamiento defiende que estos patrocinios responden a obligaciones legales de compensación y que incluyen también inversiones medioambientales, como la mejora del aula de la naturaleza, convenios con la Universidad de Alicante para la conservación de flora autóctona o medidas contra incendios en la Sierra de Salinas.
Desde el consistorio se rechaza cualquier acusación de pasividad y se reprocha a las asociaciones críticas que no planteen alternativas realistas para la implantación de energías renovables. Mientras tanto, el conflicto entre defensa ambiental y desarrollo energético continúa generando debate en la ciudadanía y fractura entre instituciones y movimientos ecologistas.
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