ELCHE. Este martes se ha celebrado el pleno ordinario del mes de abril tras su aplazamiento por la convalecencia del alcalde Pablo Ruz. Además del regreso del regidor a la primera línea, volvían las previsibles disputas en el marco económico, y prácticamente sobre cualquier moción a debatir, salvo alguna excepción. Un día más en el divorcio entre equipo de gobierno y oposición, en numerosas ocasiones dejando en segundo plano el objeto del debate, como el caso del Convento de la Merced, del que se ha aprobado su declaración como Bien de Relevancia Local (BRL). Sin embargo, el asunto ha ido a más, superando los exabruptos que en alguna ocasión se han escuchado, cuando el concejal de Vox, Samuel Ruiz, ha llamado "idiota" a la portavoz de Compromís, Esther Díez, que pedía la expulsión del concejal de la sesión. La presidenta del pleno ha optado por no incluir en el acta el insulto.

En la moción relativa al incremento de la seguridad ciudadana, actualización de plantillas policiales y creación de una unidad especializada en bandas en el municipio, el portavoz Samuel Ruiz, que esta vez ha evitado vincular migración con delincuencia, como había hecho en anteriores ocasiones, ha ido aumentando el tono en el debate, especialmente con la oposición frontal de la portavoz de Compromís Esther Díez, que decía sentirse más "insegura" como mujer por el auge de los discursos machistas y el aumento de la desigualdad que no por teóricos abusos de personas migrantes.

A lo que Ruiz, en su turno, y con un cabreo cada vez más manifiesto, ha perdido los papeles y le ha inquirido a la edil que si se negaba a ver "esta realidad", en referencia al aumento para el edil de un "evidente aumento de la inseguridad", finalizando con que si se negaba a verlo es que "es usted idiota". Lo que rápidamente ha generado caras de circunstancia en las filas de la bancada de gobierno, abucheos del público y quejas de la oposición, con Díez de pie respondiendo rápidamente como aludida.

Una situación que hasta ahora no se había vivido en el pleno, al menos en este mandato, donde a pesar de comentarios zafios, de mal gusto o de desprecio, no se había escuchado un insulto, a pesar de que Ruiz rápidamente ha intentado justificar que era un adjetivo. La concejal ha pedido su expulsión, aunque finalmente la presidenta de la sesión, Irene Ruiz, ha optado por no reflejar en el acta de sesiones las declaraciones de Ruiz. También pedía Díez al alcalde que condenara el insulto, a lo que Ruz ha hecho caso omiso, hablando de algo "injustificable" y de la falta de "decoro" en la institución.

Por tanto, un debate que ha quedado ya en un segundo plano, con el concejal de Vox señalando que estaría "enfrente de cualquiera que haga peligrar el futuro de mis hijos o de los ilicitanos". Previamente, Vox pedía una unidad especializada de bandas en el municipio, así como más recursos para la policía, esgrimiendo que no pretendía ser alarmista, a pesar de que ese ha sido el punto final de sus intervenciones tras el calentón con la concejal de Compromís, advirtiendo del incremento de robos con fuerza, agresiones sexuales, y denuncias policiales de falta de efectivos. "Por culpa de su buenismo y leyes blandas", decía.

Compromís por su parte defendía que hay un índice estable de delincuencia, si bien en los índices estadísticos del INE más recientes se refleja ese aumento de varios delitos más al año por agresión sexual y sobre todo de la ciberdelincuencia. Desde el PSOE, se atenían a los informes de Subdelegación de Gobierno, donde el edil Mariano Valera ponía de relieve que según estos, "no se han detectado grupos juveniles de bandas organizadas, y hay abiertas 26 plazas a concurso para cubrir vacantes, con esto debería retirar su moción".

La moción se ha aprobado con los votos a favor de PP, VOX y PSOE, y ha contado con voto contrario de Compromís.

Unidos en el desacuerdo

Aunque ese ha sido el punto más caliente del pleno, ha tenido más consenso que la gran mayoría de puntos del orden del día. Estos han contado con menos decibelios en el debate, pero con votos por bloque izquierda y derecha, la mayoría en contra y a favor según quién lo presentara. En este sentido, como era previsible, ha habido posiciones enconadas con el informe de seguimiento del Plan Económico-Financiero (PEF) 2025-2026, relativo al 4º trimestre de 2025. El vicealcalde Francisco Soler volvía a diferenciar entre la "deuda real" y la "legal", utilizando el informe de la Airef que destacaba la salud financiera del Ayuntamiento en 2024. 

Año que acabó con un desfase presupuestario según la legislación estatal de 8,5 millones, acarreando el actual plan de ajuste por el que el concejal y las portavoces de la oposición seguían a la gresca, como es habitual en este punto. Por el PSOE, Patricia Maciá recordaba que "tienen una deuda real de 60 millones de euros", mientras que Compromís incidía en que "ustedes siguen con sus eufemismos económicos sin dar soluciones a los problemas más acuciantes de la ciudadanía". Díez acusaba a Soler de tergiversar con los datos económicos para su interés, denunciando que la subida del agua o que se perdonaran los 43 millones de la UMH.

La concejal socialista advertía al bipartito que "gastar con cabeza sabemos todos, pero ustedes tensionan las arcas públicas", algo que ya es habitual en las sesiones plenarias y las ruedas de prensa, además de incidir en que por un fondo extraordinario de los Edusi el ayuntamiento pudo acabar en estabilidad presupuestaria en 2025. Pedía por último, a Soler que no la despreciara más, tras una referencia más del concejal a "clases magistrales ante periodistas", hecho por el que en una posterior intervención aclaraba que no había sido un intento de menosprecio al oficio. Un argumentario que ya ha sido repetido en anteriores ocasiones. 

Soler ha recordado que la subida del agua ha llegado porque se fueron aplazando actualizaciones para sostener la estructura actual de Aigües, y que la suspensión de las reglas fiscales impidió el plan de ajuste de 2020 a PSOE y Compromís.

Clarisas, declarado Bien de Relevancia Local 

Por otra parte, se aprobaba en el pleno la aprobación provisional de una modificación del catálogo de protecciones para otorgar a Clarisas como Bien de Relevancia Local (BRL), actualizando su ficha. Algo en lo que todos acabaron votando a favor por unanimidad, sin su correspondiente enfrentamiento. Ruz defendió su "modelo" de protección del patrimonio local, acusando a PSOE y Compromís de su posición favorable en la anterior legislatura a la habilitación del bien como "hotelito", aunque Esther Díez intentaba después desmarcarse, recordando también que el PP defendió en la oposición que fuera Bien de Interés Cultural (BIC), algo a lo que ahora han renunciado y que Compromís intentó rescatar.

El portavoz socialista, Héctor Díez, aludía a la "doble vara de medir" del PP, "si lo hacemos nosotros es privatización, si lo hace la derecha es colaboración público-privada". Un debate en el que Ruz defendía los 200.000 euros de la Generalitat para financiar el proyecto básico, y que acabó en un debate en el que Clarisas quedó en un segundo plano, pasando al primero las promesas sin novedades y los proyectos olvidados. Del Palacio de Congresos al Tram, pasando por el final de la Ronda Sur. También, una vez más, con la izquierda defendiendo la autoría de sus proyectos que han dejado heredados, como el pabellón inclusivo, centros sociales, Mercado Central, etc. "No ha hecho usted ni una inauguración, se ha dado un año de realidad administrativa", decía Díez, en referencia a que no ha habido grandes proyectos propios de PP y Vox.

Algo que contradecía Ruz, recordando la actuación de Jayton en marcha, así como otras proyectadas como el centro sociocultural de Torrellano, o haber reformado la casa del Hort de Portes Encarnades, plataformas únicas y reurbanización de José García Ferrández o Ausiàs March, así como la conversión del Hort del Gat o los primeros derribos de San Antón.

Otras mociones rechazadas

Por otra parte, además de las mociones del escudo social, aeropuerto o el Sahara, también se debatieron otras mociones. PP y Vox hicieron valer su mayoría para tumbar las dos mociones socialistas, la primera de introducir nuevas bonificaciones en la tasa de basura, para familias monoparentales, víctimas de violencia de género o personas con discapacidad; y la segunda, para volver a revisar los catastros para que puedan entrar algunos más altos en las bonificaciones al IBI después de que este se haya rebajado.

El Ejecutivo defendió que se ha rebajado la referencia catastral para acceder a estas ayudas porque el 85% de las 10.000 ayudas de 2025 correspondían a catastros de 45.000 euros y menos. En cuanto a la tasa de basura, el bipartito sigue con su relato, omitiendo que el TSJ falló a favor de los denunciantes contra la forma en que se aplicó la tasa de basuras, y quedándose solo con la parte que le interesaba de la argumentación del tribunal (aval de introducir el reciclaje y que se optara por seguir con la misma catalogación de calles para aplicar la tasa). Tal y como hicieron ante los medios. El TSJ declaró nula la del año pasado aunque el Consistorio piensa recurrir.

Para acabar, una de urgencia de los socialistas sobre la adhesión del Ayuntamiento al Plan Estatal de Vivienda para abordar la renovación pendiente de San Antón, pero también de otros barrios de la ciudad en Carrús o El Pla, ha sido votado favorablemente por unanimidad. Sin evitar, como ya es inherente a las sesiones, que hubiera un larto "y tú más" en el que siempre acaban de una forma u otra los plenos en Elche.