ELCHE. El juicio del caso de las balizas de Santa Pola, que sienta en el banquillo al  actual jefe de la Policía Local de Santa Pola, José Miguel Zaragoza Fernández, a un agente y a dos empresarios, por presuntos delitos continuados de prevaricación administrativa y fraude en la contratación, ha quedado suspendido este martes en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, con sede en Elche. La sesión no ha podido celebrarse debido a la indisposición de uno de los acusados, lo que ha obligado al tribunal a reprogramar la vista para el 16 de diciembre.

En el procedimiento también están acusados el agente responsable de la Unidad Marítima, Iván Martínez Vizcaíno, y los empresarios Jerónimo Antonio Boix Sempere y Javier Boix Morell, vinculados a las mercantiles del entorno de Scuba Elx. Según el escrito de la Fiscalía, entre 2008 y 2015 se habrían fraccionado de forma sistemática los contratos de mantenimiento y reparación de las embarcaciones policiales —Cristo del Mar I y Cristo del Mar II— y los servicios de balizamiento de playas, adjudicándolos de manera reiterada a las mismas empresas mediante contratos menores y expedientes con graves carencias formales.

El Ministerio Público sostiene que este modo de proceder vulneró los principios de publicidad, transparencia e igualdad en la contratación municipal, señalando la ausencia de informes técnicos, presupuestos, actas de recepción o descripciones detalladas en facturas, así como referencias a documentación inexistente. Para la acusación, todo ello habría permitido un favorecimiento injustificado de las empresas proveedoras en detrimento del Ayuntamiento de Santa Pola.

La Fiscalía solicita para Zaragoza y Martínez 3 años y 3 meses de prisión y 12 años de inhabilitación especial para el ejercicio de funciones policiales; y para los dos empresarios, 2 años y 9 meses de prisión y 4 años de inhabilitación para contratar con la Administración, además del pago de las costas. También interesa la nulidad de los actos administrativos que sustentaron las adjudicaciones investigadas y la determinación del perjuicio económico causado al erario público.

La vista se reanudará el 16 de diciembre en la sede ilicitana de la Audiencia Provincial, donde continuará la práctica de la prueba y las declaraciones previstas.