ELCHE. El equipo de gobierno anunció hace unas semanas que había incluido las modificaciones propuestas el pasado año por la Generalitat a su mapa para encajar y ordenar las fotovoltaicas en el municipio. Una modificación del Plan General aprobada ahora en pleno (con la abstención de PSOE y Compromís) y que después se abrirá a un nuevo periodo de alegaciones para su aprobación, la cual tendrá que pasar un nuevo aval autonómico. Como se ponía de relieve en la sesión del pleno de este lunes, abordando el proyecto, este encaje completa y mejora la legislación ya existente, aunque moderadamente, sin las limitaciones que gustaría a según quién se pregunte. Hasta que entre en vigor, y también después, la realidad es que seguirán llegando propuestas de implantación en el Camp d'Elx.

A este respecto, el propio concejal de Medio Ambiente, José Antonio Román, planteaba en otra moción datos que explican por qué el campo ilicitano ha atraído tantas propuestas de implantación de paneles solares: el término municipal tiene más de 32.000 hectáreas, de las cuales 28.529 (87,5%) son suelo rústico. De ellas, 23.000 son agrarias, y de ellas, 15.700 uso real, por lo que la mitad están sin uso. Es decir, un terreno muy vasto de suelo no urbanizable, y cuya a veces falta de trabajo es además un aliciente para empresas o inversores del sector.

El matiz local a la legislación actual

Así, como planteó el concejal Francisco Soler sobre esta modificación número 43, lo explicaba de nuevo este lunes: no se permite la instalación en suelo no urbanizable protegido, en áreas forestales, en la costa, yacimientos arqueológicos, zonas húmedas, barrancos, zonas protegidas del PGOU, áreas de especial interés natural, el palmeral y huertos dispersos, terrenos protegidos por el Pativel, en saladares, zonas de carrizales, área de protección del aeropuerto; así como en la infraestructura verde, en el suelo en estudio urbanístico del Porta d’Elx.

Donde sí está permitida la instalación de fotovoltaicas en suelo no urbanizable común: no se podrán desplegar a menos de mil metros desde la ribera del mar, en terrenos de pendiente superior al 25%, no se podrá ocupar más del 50% de la parcela; tendrán que estar a un mínimo de 100 metros de suelo residencial, dotacional o núcleos de viviendas, así como de campamentos turísticos, o zonas de actividades culturales. También deberán guardar un mínimo de 100 metros del río, y lo mismo para elementos declarados Bien de Interés Cultural (BIC), Bien de Relevancia Local (BRL), y no afectar a plantaciones de melón de carrizales, dátil de Elche o granada mollar, así como a áreas de protección de carreteras. Y se deberá utilizar siempre líneas de evacuación en corredores ya habilitados de infraestructuras. Lo que a priori, podría dejar la puerta abierta a no ocupar vías pecuarias, bastante solicitadas para soterrar este cableado.

Así pues, en cierta parte, la inclusión en el PGOU, tras haber presentado con anterioridad el mapa, completa la cartografía autonómica y aterriza la legislación autonómica a la realidad local. Pero aun así, con la extensión del Camp d'Elx, y una parte importante del mismo sin cultivar, no evitarán la implantación de fotovoltaicas. Como tampoco lo ha hecho la legislación autonómica ni estatal. De hecho, la Generalitat levantó la suspensión cautelar del Ayuntamiento de solicitud de licencias mientras elaboraba dicho mapa, con el objetivo de agilizar la instalación de solares.

El Plan Simplifica autonómico está acelerando las aprobaciones de la Generalitat

Algo que ha venido por la demanda de iniciativas en todo el territorio valenciano, sumado a la presión del sector por proyectos bloqueados de hace años, teniendo que atravesar un proceso muy garantista y "farragoso" para patronales como Avaesen, presionando para poder mantener las inversiones. A ello se suma el factor de soberanía energética en un contexto geopolítico cada vez más inestable. Tras la aprobación del Plan Simplifica que agiliza y acelera estos trámites, se ha notado bastante en los últimos tiempos a nivel local, pues están llegando por la conselleria de Industria autorizaciones de implantación en suelo ilicitano con mayor celeridad en comparación a antes de este plan de simplificación administrativa.

De ahí que la realidad sea esta: hay 26 plantas fotovoltaicas con permiso autonómico, una decena de ellas tienen licencia municipal (4 de la legislatura anterior y 6 de la actual), último trámite una vez obtienen el visto bueno autonómico. Pero de esas diez, solo hay cinco construidas y tan solo dos están operativas.

PSOE y Compromís advierten que ya había legislación y ven un discurso oportunista

En cualquier caso, el asunto ha dado lugar a un interesante debate en la sesión plenaria. Por Compromís, Esther Díez recordaba que la legislación ya establecía por ejemplo que no se puede sellar el suelo en estos proyectos, adaptarse al paisaje, y que las aprobadas por el Ministerio (50 MW o más) no pueden ocupar más del 3% del territorio municipal, y las de carácter autonómico, por debajo de esa potencia, un máximo de 10%. Pero advertía que "quedan meses para que esto entre en vigor, una cosa es el discurso fácil y otra la realidad". Y preguntaba que qué planes hay a nivel municipal para la transición energética. "Hasta ahora lo único que había era la instalación de placas en colegios y no se ha hecho más".

Por parte del PSOE, Ana Arabid, que fue concejal de Urbanismo, lamentaba que el bipartito había trasladado la idea de que se va a frenar la instalación de las fotovoltaicas, "lo cual no es cierto y posiblemente esto no llegue a entrar en vigor este mandato". Aunque sí decía, como apuntó en su día Soler, que una cosa son las propuestas presentadas sobra la mesa, y otra que acaben implantándose todas. Aunque Arabid considera que después de las 26 autorizadas por el Consell, "pocas más se otorgarán porque no quedarán muchos espacios más".

Pero sí intentaba abrir las costuras al discurso del gobierno, porque el alcalde días atrás ha mencionado en varios medios de comunicación su rechazo frontal a las plantas fotovoltaicas, al tiempo que la Generalitat iba autorizando otras, y que como quien dice, por imperativo legal y seguridad jurídica, como invoca el bipartito, se tendrán que aprobar si no hay nada que obstaculice su aprobación. "Es un discurso oportunista, populista y falaz", añadía Arabid, agregando que "el señor Ruz dice que está en contra, que son una aberración; pero no dice eso su concejal cuando se reúne con los empresarios del sector, que dice que hay que favorecerlas y compaginar con el paisaje. El resto es pose".

En cualquier caso, todos los partidos, a pesar de discursos anteriores, en algún caso hasta contradictorio, se manifestaron a favor de las solares, incluso Vox. De hecho, el concejal Samuel Ruiz no las ve como un fenómeno sino como "un problema creciente que intentar paliar". Adujo que no están en contra de las fotovoltaicas y que "pueden convivir con la gente del campo, sin generar molestias", y ahí sí, lanzó un dardo a PSOE y Compromís, acusándoles de que "es lo que no han sabido hacer en 8 años". El informe de la modificación se aprobó con la abstención de los partidos de la oposición.

Quejas que la Generalitat sigue obviando

Un debate en un buen tono, más constructivo y educado de lo habitual, quizá influido por la presencia del alumnado del IES Carrús. Una vez se fueron, el tono se volvió a agriar con el turno de distintas mociones. Eso sí, durante la interlocución de unos y otros con el caso de las renovables, no se planteó algunas de las preocupaciones de los vecinos en entornos de potenciales fotovoltaicas, y cuyos recursos chocan contra la administración autonómica: la presentación de proyectos solares troceados a traves de filiales de un mismo grupo empresarial y que por tanto forman parte de un mismo proyecto. Y tampoco, sobre el papel, la referencia al uso de terrenos de alto valor agrológico. Así como otras condiciones del decreto de 2020 que aseguran que no se están teniendo en cuenta.