ELCHE. Unos pocos días después de que el Ayuntamiento haya aprobado inicialmente en el pleno la modificación del Plan General para encajar y ordenar el terreno en el que pueden y no pueden instalarse las plantas fotovoltaicas, este medio ha tenido constancia de que uno de los dos macroproyectos presentados sobre el Camp d'Elx, el de Lucinala, sigue avanzando en sus pasos para poder instalarse entre Valverde y Balsares. Un parque fotovoltaico de 62,4 MW y 116,95 hectáreas de terreno y cuya línea de evacuación, de más de 15 kilómetros, discurrirá soterrada hasta Alicante. La compañía ha solicitado ahora la Declaración de Utilidad Públcia (DUP), una herramienta administrativa para poder recurrir a una expropiación forzosa en el caso de que se encontrara con la negativa de algunos de los propietarios de las fincas con los que tienen acuerdo de arrendamiento u ocupación de servidumbres.

En este sentido, cabe recordar que las planta fotovoltaicas de 50 MW o más las tramita directamente el Ministerio de Política Territorial, y que prioriza la instalación de renovables en todo el país. Precisamente para proyectos de gran envergadura como este, en pos del 'interés general', se puede conceder este procedimiento administrativo para expropiaciones forzosas de terreno, autorizar la imposición de ejercicio de servidumbres de paso y agilizar la tramitación administrativa. Ahora lo que ha hecho la promotora, Energías Renovables Lucinala SL (filial de la multinacional suiza SmartEnergy), es presentar un expediente técnico para solicitar y justificar la necesidad de esta DUP. Un paso que llega con el proceso bastante avanzado, ya que como se ha venido contando, el proyecto ya goza de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), autorización administrativa previa y autorización administrativa previa de construcción, desde 2023, 2024 y 2025, respectivamente.

116,95 hectáreas y línea soterrada de 15 kilómetros

Por tanto, se solicita esta declaración sin cambios respecto a lo aprobado ya previamente de la iniciativa en sí, salvo pequeños cambios catastrales de una de las parcelas. El mismo aporta además la documentación requerida por la administración valenciana, por lo que ya está en tramitación de la conselleria de Industria y Minas para analizar esta petición. La zona de implantación se divide en 9 áreas valladas diferentes, separadas por distintos caminos públicos y otras infraestructuras y elementos protegidos. El núcleo urbano más cercano a la planta son las pedanías de Nova Vallverda y Els Bassars, cuyo perímetro urbano se encuentra a 200 metros al Oeste y Este respectivamente del perímetro de la planta, que contará con un vallado de vallado de 13.268 metros.

Así, aunque el proyecto se despliega sobre una superficie total de 116,95 hectáreas, la ocupación de paneles se circunscribe a 29,72 hectáreas. La línea soterrada es de 15,6 kilómetros, de los cuales 10,1 transcurren en Elche y 5,4 en Alicante hasta su conexión con una subestación eléctrica. En el caso de las fincas afectas por la propuesta, 42 son las enumeradas para la planta fotovoltaica, y 161 para la línea de evacuación. En sendos casos, los propietarios son desde particulares hasta empresas, pasando por los ayuntamientos de Elche, Alicante o la propia Generalitat Valenciana.

Son los bienes y derechos de los que se considera necesaria la expropiación, forzosa en el caso de que se obtenga la DUP y se considere necesario para el despliegue de la actuación. De hecho, el expediente recalca que se enumeran por si no se consiguieran cerrar de manera amistosa los acuerdos de servidumbre de las parcelas afectadas por alguna de las dos infraestructuras. "Solo en aquellos casos en los que no se logre alcanzar un mutuo acuerdo, resultará necesario ejecutar la Declaración de Utilidad Pública del proyecto para expropiar los bienes y derechos e imponer y ejercitar la correspondiente servidumbre", indica. 

Periodo de ocupación de 40 años y cambios respecto al proyecto inicial

Por otra parte, debido al peso de la iniciativa y esa cláusula de interés general, a diferencia de otros proyectos de menor envergadura, que son de 30 años, el período de explotación de esta planta se considera de 40 años. Asimismo, en el pasado 2023 el proyecto obtuvo la DIA con la condición de reducir su potencia planteada, de 70 a 62 MW, y su superficie, de 158 a 120 hectáreas de ocupación del territorio (con 95.676 módulos fotovoltaicos), para no afectar a zona de inundabilidad con riesgo de peligrosidad y para evitar el terreno calificado como forestal estratégico. El proyecto fue objeto de una decena de alegaciones, entre ellas, de Amigos de los Humedales del Sur de alicante (Ahsa), Associació Per Al Desenvolupament Rural Del Camp D´Elx (ADR), y las asociaciones vecinales de la pedanía ilicitana de Santa Anna y del barrio alicantino de San Gabriel.

Encaje en la modificación del PGOU actual

En cuanto a la situación local, preguntado por las iniciativas de este calibre proyectadas sobre el Camp d'Elx, como este de Lucinala, el concejal de Urbanismo respondía que no había información nueva respecto a avances. Si bien es cierto que salvo pasos previos, al Ayuntamiento ya vuelven estas iniciativas al final del procedimiento, para pedir la licencia de obra, el edil explicaba que a veces hay compañías que ponen sobre la mesa la iniciativa pero después el trámite decae por los motivos que sea, porque a la empresa no le interesa o se encuentra con obstáculos, etc. Lo cual es cierto, pero en este caso no se cumple. La multinacional suiza sigue con los preparativos previos, con el aval del Estado, a falta de esta DUP. Por lo que podría llegar a corto o medio plazo la solicitud de licencia para construir al Ayuntamiento. Sería la primera macroplanta en terreno ilicitano.

Por ahora, la modificación impulsada del PGOU aún no está vigente, tiene que pasar ahora un nuevo periodo de consulta pública para posibles alegaciones, y después aprobarse por la Generalitat. En cualquier caso, la firma cuenta con el permiso estatal, para quien es prioridad total este tipo de proyectos, y ya se han realizado distintas correcciones en los últimos años. Y cuestiones incluidas en esta modificación, como la distancia mínima a 100 metros de núcleos residenciales, se cumplen, ya que la empresa contempla que los núcleos más cercanos residenciales, en Valverde o Balsares, están a 200 metros.