ELCHE. Había expectativas en general por conocer las cuestiones mollares del Plan Casa Fácil, el programa del equipo de gobierno de PP y Vox para sacar vivienda protegida al mercado (VPP) mediante colaboración público-privada: las de gestión pública, a cargo de Pimesa, serán para alquiler; las privadas, de las promotoras que se han presentado, Fama Rehabilitaciones y Alcudia Servicios y Obras, saldrán a la venta. Ahora bien, ante la necesidad y problemas de acceso a la vivienda no solo en Elche, sino en todo el país, harán de esta cuestión un caballo de batalla para bipartito de gobierno y para los partidos en la oposición. Así, aunque el alcalde Pablo Ruz solo daba una horquilla de ejemplo sin el IVA, la oposición ha ido más allá y asegura que en base a los expedientes del medio municipal, la horquilla prevista de precios por las mercantiles, dependiendo del barrio, se queda en algo más de 100.000 euros para las más pequeñas de Carrús (algo más de 40 metros cuadrados), y hasta 255.000 euros (sin vincular incluir plaza de garaje y trastero) para las viviendas de tres habitaciones en la zona de El Pla. 

Crítica al beneficio de las mercantiles con la enajenación de suelo público

Para los socialistas, "el Plan Casa Fácil es vivienda cara para los ilicitanos y jugosos beneficios para las empresas", destacaba el concejal Héctor Díez, incidiendo sobre el hecho de que de las 240 viviendas de esta fase, Pimesa se quede con el 20%, 48, teniendo en cuenta que mediante estas enajenaciones, las promotoras se quedan "con la milla de oro de Elche (en referencia a la zona de El Corte Inglés)", y apuntando a que el beneficio para sendas compañías, en total, se calcula en 5,9 millones de euros. Para Díez, que una de las posibles cifras sean 255.000 euros, "es desproporcionado llamar a esto vivienda pública protegida. No es el camino correcto y por eso exigimos una promoción pública directa en régimen de alquiler asequible (como el caso del edificio de 76 viviendas de Travalón)".

Díez subraya que "para esto es mejor no enajenar, porque nos quedamos sin suelo público". Para el portavoz del PSOE son "viejas recetas mediante las que las compañías se llevarán una un beneficio de 4,9 millones de euros (Fama Rehabilitaciones) y otra 1 millón (Alcudia Servicios y Obras)". Para reforzar sus argumentos, apuntaba que "una vivienda en el sector E-27 de tres habitaciones cuesta 255.600 euros sin garaje ni trastero, en Torrellano costarán 200.040 euros, las 4 viviendas de Carrús costará un máximo de 131.040 euros y las del Pla de Sant Josep entre 160.000 y 238.000 euros".

A lo que añadía, tras seguir la comparecencia del alcalde, que había ofrecido ejemplos de horquilla sin IVA, y que aplicando el actual del 10%, se quedaban entre 193.600 euros y 228.800 euros, manifestaba Díez que "las personas normales pagamos IVA y gastos hipotecarios. Y, aparte de eso, necesitamos plazas de garaje para aparcar nuestros vehículos".

Comparación con la polémica de Les Naus de Alicante

Para Compromís, el diagnóstico es el mismo. "Son precios de la burbuja del mercado con un pequeño descuento. A precio de vivienda de lujo como el residencial de Las Naus de Alicante". Y criticaba que hecha la ley, hecha la trampa, ya que como reconocía el alcalde durante su comparecencia, algunos precios al menos se prevé que sean aplicando los máximos que permite la legislación de viviendas protegidas. Cabe recordar que aunque las VPP tienen precio topado, el Consell aprobó en diciembre de 2024 el decreto 180/2024 por el cual el metro cuadrado de la vivienda asciende a 2.400 euros. Para Esther Díez, "Ruz ha perdido el norte si piensa que son precios asumibles".

Y lamentaba también los "grandes beneficios que tendrán las constructoras", a lo que como hacía esta semana, volvía a pedir que la comercialización, no solo el control y supervisión, debería realizarse desde Pimesa. Y analizando el expediente, la edil esgrime que "se prevé destinar un total de 0 euros a publicidad y difusión de las promociones, por eso hay que controlar quién accede a las mismas". Con el escándalo de la situación de Alicante en el retrovisor, sostiene que "tampoco se ha dicho nada acerca de las familias de los cargos". 

Crítica por apenas viviendas adaptadas y escaso margen para estudiar los expedientes

Asimismo, Díez metía un par de cuestiones más entre sus quejas, una que no hay viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida, con una única vivienda de este formato en las 240, y después, el escaso margen de tiempo que han tenido para estudiar el expediente completo, algo de lo que también se quejaban los socialistas. "Recibimos la convocatoria del Consejo en menos de 48 horas, y la documentación la noche de antes". Por último, también reivindica el modelo, al igual que los socialistas, del inmueble de 76 viviendas de alquiler asequible en Travalón, denominado 'El Araceli'.

Así pues, una cuestión que ya está suscitando polémica al menos en la arena política, y que se debatirá en el pleno. Por lo pronto, desde el equipo de gobierno, en su comparecencia de la mañana, prefieren ser cautos con los precios finales de la actuación ya que de aquí a que finalice la construcción (cuyo plazo de obra es de 20 meses, más el tiempo de redacción de proyectos y trámite), creen que el escenario del mercado puede haber cambiado, o incluso el IVA, que ahora está en el 10%.