ELCHE. Después de la protesta de hace unos días en la Plaça de Baix por los despidos de Castilian, María Jaén y Analco, estas dos últimas en el sector del calzado, en el caso de la compañía del sector de los componentes, la más relevante por plantilla, está por ahora en fase de tramitaciones desde diferentes puntos. De un lado, el administrador concursal está certificando los créditos para poder liberar las primeras indemnizaciones; de otro, desde CCOO han recurrido los despidos de parte de sus delegados en la compañía, a los que considera que ampara el Estatuto de los Trabajadores. Mientras, desde la compañía consideran que la reducción de la plantilla a 88 trabajadores permite garantizar la continuidad del proyecto empresarial.

Dos meses de plazo, al menos, para esperar a las indemnizaciones, una vez lo autorice el administrador

En este sentido, uno de los acuerdos a los que se llegó en la negociación tras el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) era que las indemnizaciones pasasen de 20 días por año trabajado a 28. En este caso, el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) pagaría los primeros 20 días y los otros 8 la empresa, con un tope de 18 mensualidades. Ahora mismo, con el concurso de acreedores ya ratificado por el juzgado y en manos del administrador concursal, este se encuentra ahora certificando los créditos de los abonos por indemnización de los trabajadores. Una vez finalizado, llegaría el abono de de la parte que corresponde al Fogasa. Lo que en todo caso llegaría en un dos o tres meses, aunque como apuntan desde Analco, "según los plazos técnicos habituales, una vez el administrador emita las certificaciones, el abono por parte del Fogasa suele hacerse efectivo en un plazo máximo de dos meses".

Una vez liberados estos fondos, el administrador concursal gestionaría la parte que corresponde a la empresa, esos 8 días pendientes, conforme se vayan ordenando las deudas que mantiene la empresa con sus acreedores. Estableciendo un orden de prioridad, como en todo concurso. Sobre esta cuestión, desde la firma de componentes del calzado subrayan que en elcaso de créditos por demandas individuales en curso, el crédito se califica legalmente como "contingente". Lo que implica que en esos casos, no podría tramitarse la indemnización ante el Fogasa hasta que exista una resolución judicial firme sobre su pleito. 

Analco considera que la viabilidad es posible con los 88 trabajadores actuales

Asimismo, sobre la viabilidad de Analco Auxiliar Calzado SA, hay que destacar que están también intervenidas en el concurso con masa (es decir, que hay activos) otras cinco firmas vinculadas al grupo, Europlástica España SA, Dorel SL, Termoconformados España SA, Inmuebles Alonso y Sempere SL y Cauchos Vulcanizados SA. Ahora bien, desde la compañía sostienen que tras la aplicación del ERE que ha dejado a la empresa con un tercio aproximadamente de la plantilla, con 88 trabajadores, este "dimensionamiento" es la medida necesaria para "garantizar la continuidad del proyecto empresarial", lo cual indican que están trabajando por los cauces concursales y voluntarios para poder asegurar el futuro de la compañía, "cumpliendo estrictamente con la hoja de ruta marcada por el juzgado". Y que no mantienen deudas con la Hacienda Pública ni la Seguridad Social "para no lastrar la viabilidad de la nueva etapa".

Con todo, y preguntados sobre la posible venta de la unidad productiva a un tercero de la que se ha hablado en el seno de la plantilla, la empresa no se pronuncia. La firma sí asegura que su prioridad ha sido "garantizar que el 100% de la plantilla haya percibido ya la totalidad de sus salarios, vacaciones y finiquitos hasta la fecha de extinción". Sobre esos finiquitos, era uno de los pulsos que mantenían en CCOO con la empresa, reivindicando el abono correspondiente a los 15 días de preaviso por los despidos como salario en el finiquito. No obstante, la empresa mantiene la "imposibilidad" de afrontar esos pagos por la situación de insolvencia. 

CCOO recurre los despidos de parte de sus delegados

Por último, el sindicato ha recurrido los despidos de varios de sus delegados, solicitando la nulidad por vulneración de Derechos Fundamentales (los de Representación Legal de los Trabajadores). Lo cual tendrá que dirimir el juzgado, ya que desde CCOO entienden que "deben ser los últimos en salir" y garantizar la RLT en la empresa, así como que no se han eliminado todos los puestos de trabajo que ocupaban estos delegados, lo que entienden que refuerza su razonamiento. Mientras que Analco mantiene que las extinciones de contratos que han afectado a personas con representación sindical "responden exclusivamente a causas objetivas, con independencia de su adscripción sindical" y que a día de hoy superan el mínimo legal exigido para el tamaño actual de la plantilla.