ELCHE. El Ayuntamiento de Elche ha mejorado en sistemas de control, pero la ciberseguridad sigue siendo una cuenta pendiente dentro de la administración local, como indica la Sindicatura de Comptes en un informe elaborado sobre su entorno de control de 2019 a 2021 —como también señaló Deloitte en 2020—. En el cómputo global de sistemas de control, ha obtenido un 77,4%, lo que representa un nivel de riesgo medio. Y en ciberseguridad está aún en el 62,9%. Lo recomendable en ambos apartados es llegar al 80%. No obstante, en el primer aspecto, donde hay mejores resultados, se han detectado casi una treintena de deficiencias significativas.
26 deficiencias en el entorno de control
A este respecto, como resultado de la revisión efectuada se han observado 26 deficiencias significativas sobre el entorno de control, y que según el informe "representan un riesgo para la misma organización administrativa y su grado de transparencia, la fiabilidad de la información económico-financiera, el cumplimiento de la normativa aplicable, la protección de los activos y el mismo control interno ejercido por la Intervención". Y en cuanto a la ciberseguridad, la revisión se ha centrado en el análisis de la situación de los ocho controles básicos en relación con las aplicaciones y sistemas que soportan el proceso contable-presupuestario y otros sistemas de interés general.
En cuanto al entorno de control y esas 26 deficiencias, se refieren a temáticas muy distintas, desde organización administrativa y transparencia hasta informes economicofinancieros, pasando por Intervención o protección de los bienes municipales. Dentro de estas grandes áreas son varios los puntos concretos que se señalan (esos 26). Por ejemplo, que no se lleva un registro de todos los contratos, incluyendo los menores; que no se estima el coste de mantenimiento de las inversiones; un reconocimiento extrajudicial de créditos de 4,4 millones en 2019 y 2020; declaraciones de incompatibilidad de los cargos electos; falta de acta de conformidad en expedientes de contratación; justificaciones mayores de 9.000 euros aún sin justificar a algunas entidades (aunque se han adoptado medidas, se aclara) o asuntos sobre fiscalizaciones de nóminas.
