ELCHE. El departamento de Urbanismo del Ayuntamiento está estudiando a día de hoy 19 solicitudes de empresas que quieren instalar plantas solares en el término municipal. Son aquellas que han presentado esta petición en el periodo comprendido entre el acuerdo adoptado en la Mesa de Renovables constituida el 8 de septiembre, y la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del 29 de septiembre por el que entra en vigor el acuerdo adoptado una semana antes en la Junta de Gobierno. Desde ese 29 de septiembre, y durante un año, como contó este diario, no se aceptan nuevas solicitudes para instalar plantas fotovoltaicas en el municipio.

Una cifra que ha dado a conocer este viernes el concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler, a colación de lo que está dando que hablar estos días el asunto solar. Esto significa que por un lado, de esas 19 solicitudes, solo se aprobarán aquellas que cumplan con la legalidad, ha incidido, de lo cual cabe recordar que lo que el Ayuntamiento ha aprobado es que no se podrán instalar en terreno de nivel agrológico alto o muy alto, así como las que afecten a entornos paisajísticos próximos a usos residenciales o de alto valor de relevancia local. Aunque no se descarta que pueda haber alguna más de esas 19, ya que las vías telemáticas de llegada de esas solicitudes son diversas.

¿Dónde queda la treintena de plantas en trámite?

Sobre todas las proyecciones de las que ha ido dando cuenta ElchePlaza, Soler recalca que la solicitud de licencia de obra municipal para la instalación es el último paso. Un permiso que cabe recalcar que hasta ahora solo ha logrado la murciana Pydesa con cuatro pequeñas plantas solares (dos en Salades y dos en Perleta). Previo a esta solicitud en el Consistorio, las compañías solicitan certificados de compatibilidad urbanística e información sobre los terrenos, bien a través de Generalitat, o a través del Ministerio de Transición Ecológica para aquellas que superen los 50 MW. En esta tramitación superior es donde las compañías someten los proyectos a participación pública, o a modificaciones para obtener el permiso ambiental autonómico o estatal, siempre sujeto a posibles correcciones de potencia, afección al paisaje o al medio ambiente.