ALICANTE. Los plazos y el reparto de escaños en el salón de plenos obligan al equipo de gobierno de Alicante, del Partido Popular (PP), a buscar el acercamiento político con los grupos que conforman la oposición para poder aprobar la nueva ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos: la que determina el importe de los recibos de la basura.

Esas aproximaciones se han producido ya tanto con los representantes de Esquerra Unida Podem, como con Compromís (en este último caso, este miércoles) a partir de sendos encuentros con el concejal de Hacienda, Toni Gallego, con el vicealcalde, Manuel Villar, y con técnicos municipales para abordar el sentido de sus enmiendas. Y, aunque todavía no se habría constatado ningún entendimiento definitivo que allane la aprobación de la propuesta diseñada por el PP, como mínimo sí parece haberse conversado sobre dos planteamientos concretos en busca de abstenciones o votos favorables.

El primero de ellos consistiría en la posibilidad de abrir la determinación de la tasa a una mayor progresividad para incrementar el coeficiente que abonarían los ciudadanos con mayor poder adquisitivo mediante el establecimiento de nuevos tramos para la repercusión de la tasa en el criterio asociado al valor catastral de la vivienda. 

Con esa lógica, los domicilios de menor superficie y valor catastral podrían ver reducido el índice de reparto de la parte de la tasa con la que se cubre el coste del servicio de tratamiento, de modo que esa disminución (de un 0,80 podría pasarse a un 0,70) se traduciría en un incremento proporcional para los domicilios de mayor tamaño y valoración catastral (a los que se podría aplicar un coeficiente de un 1,30). Eso sí, la atribución del coste derivado del servicio de recogida seguiría siendo fijo e igualitario para todos los domicilios. 

El segundo planteamiento con el que se trataría de sumar respaldos a la nueva tasa consistiría en reforzar su condición de ordenanza variable, abierta a adaptaciones en el futuro, en el momento en el que pueda disponerse de datos estadísticos oficiales que permitan amoldar los importes de los recibos a aspectos como el volumen de residuos generados por cada domicilio. 

O, incluso, la posibilidad de gravar en un porcentaje mayor a los pisos turísticos en el momento en el que se disponga de un censo fiable sobre su número y emplazamiento concreto como para que pueda producirse ese tratamiento diferenciado que reclaman los tres grupos del eje progresista a través de sus respectivas enmiendas a la tasa.

Eso sí, según fuentes consultadas, no se contempla la hipótesis de reformular el cálculo de repercusión entre domicilios y los titulares de actividades económicas, como planteaba el grupo municipal de Compromís al advertir de posibles errores en su distribución, ya que el reparto en el que se habría basado la propuesta se ciñe a las estadísticas oficiales del INE sobre generación de residuos, sin que, según los técnicos, puedan resultar admisibles los baremos utilizados por la FEMP a los que apunta Compromís. 

Votación en octubre

Está por ver cuál puede ser el grado de aceptación que pueda tener entre el conjunto de los grupos de la oposición esas dos apreciaciones planteadas por el PP hasta ahora para abrir su propuesta inicial a posibles modificaciones: ahora y a futuro. En todo caso, el equipo de gobierno prevé mantener la vía de la negociación para despejar el futuro de la ordenanza con la intención de que pueda quedar aprobada este mes de octubre, ya que, de lo contrario, no podrá tener eficacia en el plazo establecido por normativa: enero de 2025.

Así que la hoja de ruta del PP pasa por elevar la propuesta a votación este mes sea cual sea la posición que decidan mantener las cuatro formaciones opositoras: PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem. Los populares sostienen que, de no aprobarse, serán los representantes de cada una de esas siglas las que deban justificar por qué exponen al ayuntamiento a la aplicación de posibles penalizaciones por incumplimiento del plazo legal para ajustar el importe global de la recaudación al coste real del servicio.

Por el momento, Vox ya ha descartado toda posibilidad de apoyar esa nueva tasa, al no compartir el planteamiento de la normativa comunitaria que impone la equiparación de costes, además de rechazar la subida planteada, que va a suponer que el importe de los recibos llegue a cuadruplicarse en algunos casos. Por su parte, las tres fuerzas del eje progresista han criticado los términos de la propuesta planteada por el PP al considerar que no se han introducido criterios de progresividad suficientes y que penaliza a las rentas más bajas.