ALICANTE. Otra episodio para la polémica en el Ayuntamiento de Alicante. El equipo de Gobierno, compuesto por 8 concejales del PP en una corporación de 29 ediles desde el pasado 19 de abril, autorizó, el 2 de mayo, el pago de un contrato menor, por un importe de 1.648,44 euros, a otra empresa administrada por uno de sus cargos de confianza, Jorge Crespo. Se trata del mismo colaborador cesado hace una semana, cuando trascendió que una de sus sociedades (Avanza Serveis Integrals de la Terreta) había sido seleccionada como preadjudicataria de otro contrato: el servicio de mantenimiento de zonas verdes de las escuelas infantiles municipales, por un importe de 58.000 euros (IVA incluido). Como ya ha informado Alicante Plaza, esta empresa -de la que Crespo dejó de ser administrador único el 4 de mayo (el cambio se publica en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 22), aunque sí mantenía un 25% de sus participaciones- retiró su propuesta este lunes con lo que renunció, de facto, a que se consumase la previsible adjudicación (su oferta era la que había logrado la mayor puntuación en la licitación, con 93 puntos).

El pago que trasciende ahora (por el citado importe de 1.648 euros) corresponde a la empresa Ingeniería de Recursos Ecológicos SL (Ireco) por unos trabajos concertados de manera directa desde el departamento municipal de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento. En concreto, según la documentación publicada en la página web del Ayuntamiento entre la relación de contratos menores del segundo trimestre de este año, el objeto de ese contrato era el servicio de "coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución Parque Ildefonso Prats". 

La empresa en cuestión, Ireco, se constituyó en marzo de 2014 y Jorge Crespo, además de ser su accionista mayoritario, ejerció como su administrador único hasta el pasado 14 de mayo, según figura en anuncio publicado en el BORME el día 22 de ese mismo mes. A partir de ese momento, su administradora pasó a ser la misma persona que también le suplió en ese cargo en Avanza Serveis Integrals.

Portavoces del equipo de Gobierno consultados por este diario apuntaron que se desconocía la existencia de ese pago y que, en todo caso, debía corresponder a un trabajo desarrollado el año pasado sobre el que ahora simplemente se autorizaba el abono.