ALICANTE. Las dimensiones del futuro barrio a desarrollar sobre los terrenos liberados de las vías en el acceso ferroviario de Alicante no solo son abultadas en cuanto a metros cuadrados, número de viviendas o incremento poblacional. También lo son en lo que respecta a las cifras económicas que conllevará su construcción, con el efecto arrastre que tendrá su lógica correlación en el mantenimiento y generación de empleo.
Por lo pronto, la memoria de sostenibilidad económica de la que se acompaña la última modificación del Plan Especial de la denominada Operación Integrada número 2 (OI/2), ahora en exposición pública para la presentación de alegaciones, estima que solo los costes asociados a la edificación de viviendas y de espacios de uso terciario requerirá un desembolso de más de 193 millones (193.195.500 euros) en presupuesto de ejecución material de obra. Se trata de la inversión privada que deberá repartirse entre las promotoras que adquieran los solares resultantes de la reurbanización del sector con la intención de construir edificios residenciales o terciarios.
A esa cifra se debe añadir, además, la suma necesaria para acometer la urbanización del suelo: una bolsa 468.925 metros cuadrados en la que se incluye la construcción del llamado Parque Central, además de la futura estación intermodal y de los nuevos viarios encargados de vertebrar los barrios que han permanecido históricamente separados por el paso del tren.
La memoria de sostenibilidad económica no llega a referirse ese importe que, al menos en parte, debe recuperarse con la comercialización posterior de esos solares habilitados para la promoción de vivienda, y que se fijaron en torno a los 60 millones, en función del convenio suscrito en 2003 entre las tres administraciones que conforman la sociedad Avant (Gobierno, Generalitat y Ayuntamiento) con motivo de las obras de la llegada del tren de alta velocidad.
No obstante, la memoria sí cuantifica cuál será el previsible rédito que podrá obtener el Ayuntamiento en forma de recaudación de impuestos en el momento en el que se agote la edificabilidad prevista y se ejecute el conjunto de viviendas y de inmuebles de uso terciario que se contemplan. Como ya ha informado este diario, el Plan Especial ampara la construcción de 1.433 viviendas, sobre una edificabilidad residencial máxima de 171.955 metros cuadrados de techo y determina que el 30% de esos futuros pisos deben quedar sometidos a algún régimen de protección pública. Además, se contemplan otros 48.045 metros cuadrados de techo edificable para usos terciarios (comercio, oficinas y hoteles)
