ALICANTE. El Consell cambia de marcha y refuerza su presencia institucional en Alicante cuando se cumple el tercer año de legislatura y el calendario comienza a correr hacia la convocatoria de las próximas elecciones municipales y autonómicas (si no se produce un adelanto que ya no parece probable). Basta comprobar las agendas oficiales del presidente y del conjunto de las consellerias para constatar el aumento de visitas giradas a la provincia -y, sobre todo, a la capital- en el margen de las dos últimas semanas.
Lo cierto es que, en ese plazo, se han multiplicado los actos públicos de presentación de proyectos promovidos por la Generalitat en distintos ámbitos, que justo ahora -coincidiendo con una fase de pretendida normalización tras dos años de pandemia- habrían superado la tramitación administrativa necesaria para ponerse en ejecución, quién sabe si fruto de una programación trazada de forma estratégica a un año de la próxima cita con las urnas, o solo producto natural de la dilatación de los tiempos en la gestión pública.
Una de las muestras más sintomáticas de esa acumulación de presentaciones se puso de manifiesto este mismo miércoles, con la presencia simultánea en la ciudad de las conselleras de Sanidad y de Justicia, Ana Barceló y Gabriela Bravo. Las dos anunciaron la licitación de obras de dos proyectos largamente esperados. En el caso de Barceló, la reforma integral del centro de salud Santa Faz, en la calle Gerona, que quedará transformado en un centro integral de especialidades tras una inversión de 15,6 millones. En el caso de Bravo, la construcción del nuevo complejo judicial de Alicante, frente al actual Palacio de Justicia de Benalúa, con un presupuesto elevado finalmente hasta los 85,6 millones.
Así, desde finales de abril, la Generalitat habría comprometido la construcción de distintas dotaciones en la ciudad de Alicante por valor de más de 201 millones. Entre ellos, figuran los 100 que se calculan como desembolso necesario para impulsar las obras de la nueva estación subterránea del tranvía en el recinto de Renfe. En este caso, la presentación de la propuesta corrió a cargo del propio jefe del Consell, Ximo Puig, quien esbozó las características de la instalación que se concibe como un nodo central para la expansión del funcionamiento de todo el sistema Tram, secundado por el titular de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España.