ELCHE. El Consell da un paso descentralizador con la ciudad ilicitana al anunciar que la Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT) tendrá su sede en Elche. Una iniciativa que supone la primera entidad dependiente de alguna de las consellerias en la ciudad. Según el propio president, Ximo Puig, estará implantada antes de que finalice el año, con una inversión de casi tres millones de euros y una plantilla de 35 funcionarios cuando esté a pleno rendimiento.
Los cometidos de la Agencia
Las funciones principales de la AVPT serán dos, íntimamente relacionadas con el Ayuntamiento: que los Consistorios puedan delegar en la agencia el cumplimiento de la normativa urbanística. Como explica el conseller Arcadi España, "muchos ayuntamientos tienen problemas para cumplir la legislación urbanística por falta de personal, dificultad de aplicar diferentes medidas o la carga de trabajo en departamentos como el de Urbanismo". De forma que la agencia, si la administración local así lo decide, podrá descargar a los ayuntamientos de la disciplina urbanística —es decir, el cumplimiento de dicha normativa—.
El segundo elemento es el de la ley de minimización de impacto, que se presentó en el Consistorio el año pasado, y que supone una modificación de la legislación valenciana de finales de la legislatura pasada. Aborda la situación de alegalidad de muchas viviendas que se encuentran en suelo no urbanizable y que no están regularizadas jurídicamente. Algo que afecta a unas 20.000 viviendas de todo el Camp d'Elx al estar fuera de ordenación, lo que provoca distintos problemas para los propietarios, por ejemplo el heredar una vivienda que no es legal o la imposibilidad de mejoras o rehabilitaciones.
Esta ley de minimización ambiental permite regularizar la situación administrativa haciendo determinadas obras y trámites, tanto de las casas como de algunas empresas, que como ha venido contando este medio, habían en torno a 300 en las pedanías, y que poco a poco van presentando al Ayuntamiento su Declaración de Interés Comunitario (DIC) para su legalización. Desde pequeñas compañías hasta firmas de aglomerados o complejos como el propio Río Safari. En muchos casos se trata de empresas o proyectos que tienen varias décadas y se construyeron cuando apenas estaba desarrollada la legislación urbanística. O en este y el caso de viviendas, en su momento se hizo la vista gorda.
